Así consta en el desglose presupuestario del Ministerio de Justicia, en el que se indica que, para hacer “efectivo el compromiso de asegurar el acceso a la verdad mediante mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación a las víctimas del franquismo”, se ha dotado 15 millones de euros y se ha creado la Dirección General para la Memoria Histórica.

Esta dirección, al frente de la que está el miembro de la Ejecutiva del PSOE Fernando Martínez, dará el “necesario impulso” a las iniciativas relacionadas con la Ley de la Memoria Histórica (Ley 52/2007, de 26 de diciembre).

Esta norma, recuerda el proyecto de ley en su ‘libro amarillo’, prevé medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, y proporcionará apoyo institucional al cumplimiento de los objetivos fijados en la citada norma. Además, se insiste en que, con la finalidad de “corregir las insuficiencias” que han impedido alcanzar sus objetivos en sus 10 años de recorrido y a la vez dar cumplimiento a las recomendaciones de los organismos internacionales humanitarios, como el grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, el Ejecutivo va a “llevar a cabo la reforma integral de la citada Ley de Memoria Histórica, que atribuirá al Estado el liderazgo del proceso de exhumaciones de fosas comunes”.