Educación

Euskadi ve “un avance” a la reforma de la Lomce y exige "respeto" al estatuto autonómico sobre el euskera

Madrid
SERVIMEDIA

La consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, juzgó este miércoles un “avance” el anteproyecto de modificación de la Lomce planteado por el Ejecutivo central, aunque consideró “indispensable” que, en relación al tratamiento del euskera como lengua cooficial, el texto final "respete el desarrollo normativo que da el propio Estatuto de Autonomía y lo mismo en la cuestión de la defensa de las singulares competencias de educación en su conjunto”.

Así se pronunció en declaraciones a los medios de comunicación posteriores a su participación en la Conferencia Sectorial de Educación, en la que, según precisó, el departamento de Isabel Celaá no ha trasladado ningún “compromiso concreto” a este respecto.

“La ministra ha estado abierta a ir recibiendo todas las aportaciones que se han hecho en defensa de las lenguas cooficiales, pero nosotros queremos avanzar un poco más”. “Al fin y al cabo, cómo tiene que ser ese desarrollo está establecido en los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas que tenemos dos lenguas cooficiales”, resolvió.

La titular vasca de Educación criticó la “injerencia” que ha supuesto la Lomce sobre las competencias educativas del País Vasco y advirtió de que la propuesta del departamento de Isabel Celaá “intenta paliar los aspectos más lesivos” de dicha normativa, algo que valoró como “un aspecto positivo", porque, según su criterio, "puede ayudar a seguir trabajando por nuestro sistema educativo”.

PRÁCTICAS

Otro asunto de “gran preocupación” para el Gobierno vasco y que Uriarte puso sobre la mesa es el “exceso de desarrollo normativo” que, a su entender, supone la aprobación del Real Decreto 28/2018 que establece como obligatoria la cotización a la Seguridad Social de las prácticas curriculares realizadas por el alumnado tanto universitario como de FP.

“Va en contra de todas las políticas que se están impulsando y desarrollando para el fomento de esa mayor colaboración de la empresa y la sociedad en la formación de nuestro alumnado en centros de trabajo y, además, supone una inversión muy importante y un gasto que no tiene ningún sentido”.

Tras mostrar su "malestar" por no haber sido informada en relación al desarrollo de esta norma, Uriarte adelantó que el Ejecutivo “intentará que sean tenidas en cuenta estas reclamaciones en el plazo que hay para hacer el desarrollo de la reglamentación”.

(SERVIMEDIA)
09 Ene 2019
MJR/pai