Esta normativa desarrolla los derechos básicos que ofrece la Ley Orgánica 3/2007 para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres hasta el límite de las competencias estatuarias de esta región con el fin de continuar avanzando en igualdad, lo que demuestra que “el Gobierno del presidente Barreda no se conforma con los mínimos” que marca la normativa estatal, destacó la consejera.

La nueva norma establecerá, por un lado, medidas activas y, por otro, medidas contra la discriminación por razón de sexo. Las primeras están dirigidas a implementar la igualdad en las áreas donde, hasta la fecha, las mujeres han estado infrarrepresentadas o donde se encuentran con obstáculos que les dificultan su acceso; y las segundas son aquellas destinadas a prevenir y evitar que se produzcan situaciones injustas que sufren las mujeres por el hecho de serlo.

Entre los derechos que garantiza la Ley de Igualdad regional, se encuentra el derecho al empleo; a la representación equilibrada en las instituciones de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; a la corresponsabilidad familiar y doméstica; a vivir sin violencia de género; a la salud con perspectiva de género, a la salud reproductiva o a la vivienda.

Este nuevo texto asegura la vinculación de los poderes públicos en el cumplimiento de la transversalidad, marcando acciones para impulsar la igualdad como la necesidad de contar con una evaluación de impacto de género en las normativas; la elaboración de presupuestos públicos con enfoque de género; la redacción de un Plan Estratégico para la Igualdad de hombres y mujeres, así como la realización de estadísticas e investigaciones con perspectiva de género.

Por otro lado, se marcan acciones y se crean instituciones para el impulso de dicha Ley, como son las Unidades para la Igualdad de Género en cada una de las consejerías; la creación de una Comisión de Igualdad y la puesta en marcha de un Centro de Estudios e Investigaciones de la Igualdad de Género.