El resultado es fruto de la labor desplegada desde la toma de posesión del Ejecutivo para "reducir" la conflictividad entre administraciones poniendo el esfuerzo en la "concertación y negociación entre el Estado y las comunidades autónomas" como se comprometió la ministra Meritxell Batet, indicó hoy el Ministerio.

Dicho trabajo ha cuajado en el desistimiento, parcial o pleno, de los indicados seis recursos de inconstitucionalidad.

En cinco de los casos ha sellado acuerdos con las comunidades para modificar o interpretar las normas autonómicas de acuerdo a la doctrina del Tribunal Constitucional, y en el otro se produjo un cambio de la normativa estatal que hacía improcedente el recurso.

Los conflictos tenían su origen en regulaciones de Aragón, País Vasco y Cataluña; y, en su mayoría, afectaron a regulaciones de carácter social que podrán ser de aplicación una vez acordada su modificación para ser conformes a derecho.

Al efectuar este balance, el Ministerio detalla que además el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha iniciado 22 procedimientos de negociación al amparo del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que permite ampliar el plazo de interposición del recurso de inconstitucionalidad de normas autonómicas y estatales de tres a nueve meses.

Con los procesos de negociación intenta alcanzar esos mismos acuerdos interpretativos o modificativos que permitan una interpretación conforme a la doctrina del TC, y con ello hacer innecesaria la interposición del recurso, reduciendo la conflictividad.

De forma adicional detalla que en 22 procedimientos negociadores abiertos en el primer semestre de 2018, bajo el anterior Ejecutivo, han alcanzado acuerdos en once. Por otro lado inició cuatro impugnaciones frente al Constitucional, frente a las seis planteadas en el primer semestre del año pasado.