Desde Melilla, donde intervino en un acto con afiliados, el presidente del PP volvió a exigir a Sánchez que aplique “de forma urgente, firme, sin plazos y sin límites competenciales” el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, hasta que en esta comunidad se recupere la “prosperidad” y se respete la ley y la convivencia.

Mientras el PP reclama una y otra vez la aplicación de este precepto constitucional, mostró su sorpresa por el hecho de que Sánchez haya contestado que “estará muy pendiente de la formación del Gobierno en Andalucía y si ve algo que no le gusta intervendrá Andalucía”.

“¡Como si el problema fuera del PP en Andalucía y no de los independentistas golpistas en Cataluña!”, exclamó Casado, para quien “parece una broma” que el jefe del Ejecutivo “amenace con el 155 en Andalucía”, que ha sido el “chiringuito” del PSOE, cuando “no va a hacer nada” en Cataluña.

Esto es así, prosiguió Casado, porque Sánchez “necesita” los votos del independentismo para seguir en el poder. “Lo más grave de todo es que el independentismo ya le ha cogido la medida a Sánchez, que ya sabe que no va a hacer nada para detenerlos y por eso el señor Quim Torra en su discurso inefable de fin de año dijo que apelaba a la sublevación”, expuso.

Casado se refirió así a la advertencia que Sánchez lanzó el pasado viernes al PP y Ciudadanos ante su pacto con Vox para gobernar Andalucía, anunciando que estaría dispuesto a utilizar “todos los instrumentos del Estado” que estén en su mano para defender los derechos de las mujeres de reformas legislativas que reclama el partido de Santiago Abascal.

Pensando en otras “soluciones” para Cataluña, el líder del PP también anunció una iniciativa para modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que las personas acusadas por rebelión no puedan tener ningún beneficio proveniente de fondos públicos para seguir haciendo su labor independentista. “Y esto va por Carles Puigdemont”, avisó.

Casado enfatizó que el expresidente de la Generalitat “no puede estar viviendo en un palacio pagado por la Administración de la Generalitat y en ello se basó para proponer esta modificación del concepto de rebelión para que los que están “en rebeldía” no puedan tener ningún beneficio de las arcas públicas y “dejen de estar viviendo a costa de aquella comunidad o de aquel país que quieren destruir”.