En cuanto a actuaciones y recomendaciones más relevantes del año pasado, el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, insistió en varias ocasiones en materia de vivienda que los poderes públicos deben formular de manera urgente una oferta pública a favor del alquiler social para que los colectivos más vulnerables, así como los jóvenes, puedan emanciparse y construir un proyecto de vida propio y autónomo.

“En España existen todavía muchos hogares para quienes el alquiler no es una opción, sino una necesidad y la única vía posible para acceder a una vivienda. Sin embargo, la subida experimentada por el precio de los arrendamientos y la precariedad laboral, sobre todo entre los jóvenes, hacen que la vivienda sea inaccesible para muchas personas”, apuntó el Defensor del Pueblo.

DESAHUCIOS

A la institución le preocupó mucho la situación en la que quedan las personas que sufren un desahucio. El pasado mes de mayo inició una investigación con los ministerios de Fomento y de Justicia por el incumplimiento de las recomendaciones hechas por la ONU en materia de vivienda social y desahucios.

En cuanto a sanidad, varias resoluciones realizadas por el Defensor del Pueblo en materia sanitaria fueron finalmente aceptadas en 2018. Con la relación a la sanidad universal, la institución siempre ha defendido la extensión del derecho a la asistencia sanitaria como un derecho público subjetivo, personal y no contributivo.

Además, el año pasado también volvió a insistir en la necesidad de revisar el actual modelo de copago farmacéutico para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan. Otra actuación relevante en materia sanitaria tuvo que ver con la queja abierta ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) por la publicidad y la comercialización de un producto, clorito de sodio, para su uso por pacientes con trastornos del espectro autista con fines supuestamente curativos.

Asimismo, la institución mantiene abierto un expediente para averiguar por qué hay demoras en la implantación de la interoperabilidad de las historias clínicas en el Sistema Nacional de Salud y también investiga si la oferta de atención psicológica clínica existente en la sanidad pública se adecúa a las verdaderas necesidades de la población.

INMIGRACIÓN

Por otro lado, el Defensor del Pueblo lleva años denunciando los fallos y las carencias del sistema de primera acogida. Fernández Marugán alertó el pasado mes de febrero de que, a pesar de los más de 30 años transcurridos desde la primera llegada de una patera, la respuesta que está dando España es insuficiente. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), un total de 57.250 personas llegaron a España en patera en 2018.

La institución considera imprescindible la consolidación de un catálogo de infraestructuras próximas en el que podrían encajar los denominados Centros de Atención Temporal a Extranjeros. También aboga por la creación de equipos móviles especializados que permitan ofrecer una respuesta inmediata ante repuntes de llegadas. Además, insiste en generar un sistema de identificación de personas vulnerables que permita detectar a solicitantes de asilo, menores no acompañados y víctimas de trata.

Durante 2018, el Defensor del Pueblo continuó advirtiendo sobre la “insostenible” situación en la que se encuentra la Oficina de Asilo y Refugio (OAR) y recalcó que el sistema utilizado para facilitar el acceso al procedimiento de protección internacional ha de ser revisado de inmediato.

Los menores extranjeros no acompañados reúnen una doble condición de extrema vulnerabilidad: menores y extranjeros. De ahí la especial sensibilidad del Defensor del Pueblo en recordar que “son menores antes que extranjeros”.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Boletín Oficial del Estado recogió el pasado 6 de diciembre la reforma de la Ley del Régimen Electoral General (Loreg) gracias a la cual todas las personas con discapacidad podrán ejercer su derecho al voto. El Defensor del Pueblo llevaba años reclamando esta modificación. Así, en junio de 2016 recomendó la modificación de la norma para reforzar el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Fernández Marugán reiteró su apoyo incondicional a las víctimas de violencia machista y a sus hijas e hijos. Convencido de que “un maltratador nunca puede ser un buen padre”, ha abogado por un cambio legislativo en dos cuestiones y ha pedido que cuando se dicte una orden de alejamiento a un hombre, respecto de una mujer, se suspenda también el régimen de visitas de los hijos e hijas.

El Defensor siguió realizando numerosas actuaciones en 2018 para favorecer el cumplimiento efectivo del derecho a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad. Por ejemplo, ha pedido que se garantice que alumnos con autismo puedan asistir al aula especializada que necesitan, en el centro donde ya estén escolarizados.

Además, la institución ha iniciado una actuación de oficio con todas las comunidades autónomas tras conocer que algunas de ellas podrían tener prevista la creación de nuevos centros de educación especial. El Defensor del Pueblo quiere conocer si estas previsiones siguen la línea que marca la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad.

SÍMBOLOS IDEOLÓGICOS

Por otra parte, el Defensor recibió 28 quejas relativas a casos de adoctrinamiento ideológico en centros educativos de Villafranca del Penedés, Manresa, Sant Andreu de la Barca, Premiá de Mar, Badalona y Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). Los ciudadanos denunciaban, entre otros asuntos, que se incitaba a los alumnos a manifestarse a favor de la independencia y en contra de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y contra el Estado Español.

En 2018 el Defensor también tramitó quejas sobre el uso de símbolos ideológicos en los edificios públicos. “El principio de neutralidad ideológica propio de una sociedad pluralista es incompatible con la presencia en los edificios públicos de símbolos de una ideología”, según Fernández Marugán.

También reiteró la necesidad de proteger a los consumidores, especialmente los vulnerables, ante las continuas y recientes subidas que ha registrado el precio de la electricidad, uno de los más elevados de Europa, cuando la energía eléctrica es un bien de primera necesidad y esencial para el disfrute de otros derechos fundamentales como la educación, la salud o una vivienda digna.

La institución abrió a finales del año pasado una actuación de oficio ante los ministerios de Hacienda y de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, preocupada por la proliferación y la publicidad intensa de anuncios de casas de apuestas y su efecto en los jóvenes. En su opinión, el fenómeno de la difusión sin control del juego, y muy en especial si los jugadores son menores de edad, tiene unas características similares a las del consumo del tabaco o de drogas.