Tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa Ana Botella y parte de su equipo de gobierno al pago de más de 20 millones de euros por el perjuicio que habría supuesto al erario público la venta de inmuebles de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), la coordinadora señaló que “lo realmente necesario es revertir la venta y que las viviendas se reincorporen a un parque público ya de por sí insuficiente”.

“Ni las últimas 1.860 familias a las que les robaron su derecho a una vivienda asequible”, añadió, “ni las más de 35.000 familias en las listas de espera de vivienda social de la EMVS ven hoy reparados sus daños ni restablecidos sus derechos”.

Asimismo, indicó que la necesidad de un parque público de vivienda social amplio y de calidad es algo que, "desde la Coordinadora de Vivienda de Madrid y desde la PAH de todo el Estado, venimos reclamando a lo largo de numerosas campañas y una docena de iniciativas legislativas, tanto estatales como autonómicas”.

A su juicio, esa es la única vía, “como demuestran varios ejemplos en los países vecinos, conseguiremos domar la especulación galopante que nuestro Estado permite con un derecho básico como es el derecho a la vivienda, recogido en el artículo 47 de nuestra Constitución”