Según detalló la asociación, alrededor de 60.000 familias destinaron sus ahorros y sus esfuerzos al desarrollo y generación de energía solar fotovoltaica "atendiendo un llamamiento del propio Estado" y luego asistieron a "recortes desmesurados" en las rentabilidades que "obligaron a la refinanciación para evitar quiebras familiares generalizadas".

El anteproyecto que el Consejo de Ministros ha autorizado a tramitar al departamento de Transición Ecológica busca avanzar hacia un marco retributivo estable y reconoce que la tasa de retribución actualmente reconocida al colectivo de productores fotovoltaicos no pueda modificarse hasta el año 2031.

Así, garantiza a los productores el valor sobre el que girará la rentabilidad razonable fijada para el primer periodo regulatorio y que no podrá ser revisado durante los dos periodos regulatorios que se sucedan, a partir del 1 de enero de 2020.

“No hay transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya inevitable cambio climático”, defiende en un comunicado el presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca.

A su juicio, hoy se ha dado "un primer paso en el camino de vuelta a la seguridad jurídica del sector renovable español, denostado en todo el mundo por el quebranto ocasionado tanto a los inversores nacionales como a los internacionales".

Para acabar de consolidar esa situación, subraya que el texto normativo que salga finalmente debería confirmar lo que recoge hoy el anteproyecto en elaboración, que deberá volver al Consejo de Ministros y posiblemente ir al Congreso cuando cierre su elaboración actual.