La reforma estatutaria que proponía la junta directiva logró más votos a favor que en contra pero no logró la mayoría de dos tercios requerida, por lo que no salió adelante. Cultura señaló en un comunicado que tras la celebración de la Asamblea General de la SGAE está "preocupado por los resultados de las votaciones que ha conocido a través de la prensa. Los artículos periodísticos parecen reflejar que no se han subsanado los aspectos que solicitó el Departamento a través de un apercibimiento cuyo plazo vence mañana”, viernes.

Ante esta situación, mañana requerirá a la SGAE que, en el plazo máximo de cinco días hábiles, envíe el acta de la reunión de la asamblea para poder comprobar “fehacientemente” el desarrollo de la misma.

Una vez conozca Cultura los términos exactos de la reunión de la Asamblea, evaluará la situación y “tomará una decisión dentro de los parámetros que prevé el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI. art. 149 y 192.9) en aras de la preservación del interés general de los asociados para proteger los legítimos derechos de los autores y demás titulares de derechos que son miembros de la SGAE”.

Según informó la SGAE, las modificaciones introducidas en los Estatutos, para adaptarlos a la normativa vigente, suponían una mayor exigencia de transparencia, reforzaban la supervisión a través de nuevos mecanismos de control y otorgaban mayores poderes y competencias a la Asamblea General. "En cualquier caso, se trataba estrictamente de los cambios exigidos por la nueva legislación".

Con la reforma estatutaria, la Asamblea General ampliaba "notablemente su poder de decisión en asuntos clave. Entre sus nuevas funciones figuraba la ratificación de la política y el reglamento de reparto, la aprobación de la compra-venta de inmuebles y la elección de los miembros de la Comisión de Supervisión (órgano de nueva creación). De forma paralela, el presidente de la Junta Directiva perdía poder ejecutivo".

En términos de transparencia, los nuevos estatutos obligaban a la Junta Directiva a elaborar un Informe Anual de Transparencia, que debía ser igualmente refrendado por la Asamblea General.

Durante la asamblea general extraordinaria los socios de la SGAE sí han dado su apoyo a la normativa de reparto de derechos de autor, aceptando así lo que marca la nueva Ley de Propiedad Intelectual.