Esta asociación calcula que se llegarán a las 12.000 reclamaciones el próximo lunes, 31 de diciembre, último día hábil para presentar la queja en plazo, por lo que la práctica totalidad de los propietarios de VTC habrán completado su reclamación. “Para ello, Unauto VTC ha puesto a disposición de todos sus asociados sus servicios jurídicos, para que no queden ni una VTC sin reclamar”, explica Eduardo Martín, presidente de la asociación.

“Una vez presentados los recursos habrá que esperar la respuesta por parte de la Dirección General de Transportes. Unauto trabajará para garantizar que el sector, que ha obtenido sus autorizaciones de forma legal y legítima, puede seguir operando con normalidad y ejercer sus derechos de forma plena”, sostiene Martín, quien no descarta recursos contencioso-administrativos y, si es necesario, ante el Tribunal Supremo o el Constitucional.

Unauto VTC pide al Gobierno que deje de "engañar" a las comunidades autónomas y ayuntamientos, "dado que serán las responsables de indemnizar económicamente la posible expropiación de autorizaciones VTC, si asumen las competencias en esta materia, como les pide el Gobierno".

La asociación señala que "después de no haber contado con dichas administraciones durante la elaboración del Real Decreto-Ley, ni haber consensuado su contenido, el Gobierno debería ser más honesto con ellas, y advertirles de que cada una tendrá que hacerse cargo del coste de cada autorización que revoquen, o a la que restrinjan sus derechos".

De acuerdo con datos de Ernst & Young, el coste de una expropiación tácita de las autorizaciones de VTC ascenderá a unos 3.800 millones de euros para las administraciones. Con este real decreto-ley, ese coste pasa a dividirse entre las 17 autonomías españolas en función del número de autorizaciones que tengan. Esto provocaría que algunas Comunidades, como Cataluña, vayan a tener que desembolsar casi 1.000 millones de euros en indemnizaciones.

Eduardo Martín, presidente de Unauto VTC, ha querido recordar que “más de 15.000 trabajadores podrían verse en la calle si se eliminan autorizaciones. Además, se está coartando el derecho a elegir su forma de movilidad a más de 7 millones de usuarios de los servicios de VTC en España”.