Durante la vista, el fiscal de Sala del Supremo Jaime Moreno defendió la competencia del Tribunal Supremo para juzgar a los 18 acusados en la causa del `procés´ porque los hechos sometidos a examen superan la competencia de Cataluña, ya que con la ley de transitoriedad se derogó la Constitución, en lo que constituye "un atentado al orden constitucional" y a la integridad del Estado, que tuvo que ser respondido con la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna.

Los responsables políticos del proceso independentista serán juzgados por el Tribunal Supremo y no por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Previsiblemente, la vista oral comenzará a finales de enero y tendrá lugar de lunes a jueves en sesiones de mañana y tarde, lo que permitiría que concluyera en unos tres meses.

Los letrados de los 18 acusados defendieron el pasado martes la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para juzgar esta causa con el argumento de que ninguno de los sucesos sometidos a examen se cometieron fuera de la comunidad autónoma.

La representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, afirmó que los sucesos de Cataluña afectaron "a todo el país", por lo que el Supremo es el tribunal competente, ya que "la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación".

En esa vista ya se vislumbró la estrategia de defensa de los acusados. Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, aseguró en su exposición ante el Tribunal Supremo que “nunca había estado tan convencido de la causa que defienden mis clientes. Son políticos haciendo política, y en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales”.

Más allá de este argumento de fondo, el abogado de Junqueras insistió en que los hechos que se atribuyen a los 18 procesados miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, nueve de ellos en prisión, sucedieron en Cataluña y por ello deben ser juzgados allí. Esgrimió que el Estatuto de Cataluña prevé que los aforados sean investigados y juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando los hechos que se les atribuyan se hayan cometido dentro de la comunidad autónoma.