En una entrevista a Servimedia, González explicó que se trata de un mercado, como el de las hipotecas, de dos partes donde podría ocurrir "que a costa de la protección al alquiler del ciudadano estés perjudicando la oferta de viviendas" si no cuidas los derechos de los propietarios.

A título de ejemplo y para ilustrarlo, tiró de la experiencia vivida en hipotecas: "Nos hemos fijado tanto en los ciudadanos, en trasladarles que tenemos un estado protector, que no nos hemos dado cuenta de que estamos debilitando el mercado hipotecario".

Subrayó que, o se considera que el dueño del piso también "necesita que se proteja su propiedad, que se retribuya la renta y, en caso de que se le impague, tiene que tener derechos legales para recuperar renta y propiedad", o "se puede dar el efecto absolutamente contrario al que buscas" al ser cuestionado por la reforma aprobada por el Gobierno.

El real decreto amplía el plazo de los contratos obligatorios desde los tres a cinco años para inquilinos particulares, y de cinco a siete si es una empresa, además de limitar a dos mensualidades las fianzas; a la vez que ofrece incentivos fiscales a los arrendatarios con interés de movilizar más inmuebles.

A su entender, la simple extensión del plazo en los contratos podría acarrear un "efecto perverso sobre el precio, porque si me lo van a congelar durante siete años intentaré rentabilizarlo".

"Si no te fijas en nada más que una parte, a la otra la debilitas, se lo piensa y no me extrañaría que ante un proyecto legislativo que limite los derechos de los oferentes haya una alteración en los volúmenes del mercado", añadió, sugiriendo que puede reducirse igualmente la oferta.

El mercado del alquiler ha ganado peso en los últimos años y representaba el 22,9% de las residencias a finales de 2017 conforme a datos de Eurostat, que revelan que el parque ha crecido un 12,5% sobre el existente en el año 2011.

¿HAY SUFICIENTE OFERTA?

El presidente de la AHE admitió dudas sobre su evolución futura porque el crecimiento actual ha sido posible gracias a la existencia de viviendas ya terminadas "procedentes del sistema bancario y en manos, fundamentalmente, de los fondos" que han encontrado una buena fórmula para rentabilizarlas con su arrendamiento.

"Aquí la cuestión es si se dan las condiciones económicas y jurídicas razonables para que haya una oferta permanente de vivienda en alquiler en España y eso es más complicado", alertó.

La incógnita que plantea es qué ocurrirá cuando el stock se agote. Según sus datos, las viviendas en manos de los bancos que han salido al mercado han permitido que el parque crezca, aún cuando de nueva construcción se destinan apenas 4.000 ó 5.000 viviendas al año a esa oferta.

"Si pensamos que en el mercado en España el año pasado hubo 450.000 transacciones y queremos dedicar el 17% al alquiler, para mantener el porcentaje tendremos que hablar de casi 100.000 viviendas para ese uso. Y la pregunta sería que cuando se acaben las viviendas que tenemos stockadas a ver de dónde sale esa barbaridad", planteó.

Bajo este prisma, defiendió la necesidad de que la normativa sea equilibrada o acabará dificultando un desarrollo a futuro que ya, simplemente, por el volumen de inmuebles se dibuja desafiante.