De esta manera respondió la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros celebrado en Barcelona cuando se le preguntó por la falta de mención expresa a la Constitución en el comunicado conjunto hecho público este jueves por el Ejecutivo central y el Govern.

Batet subrayó que “no hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución ni al Estatuto de Autonomía y al resto de normas del ordenamiento jurídico”. En el comunicado, dijo, "se contempla la expresión 'seguridad jurídica' y no hay seguridad jurídica sin respeto al ordenamiento jurídico, y el ordenamiento jurídico está compuesto por todas y cada una de las normas jurídicas que nos hemos dotado, empezando por la Constitución, los estatutos de autonomía, y continuando por el resto de leyes y reglamentos que componen ese ordenamiento jurídico".

En el texto conjunto, Gobierno y a Generalitat de Cataluña reconocen "la existencia de un conflicto sobre el futuro de Cataluña" y apuestan por un "diálogo efectivo que vehicule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo en la sociedad catalana" y ofrezca "una respuesta democrática a las demandas de la ciudadanía de Cataluña, en el marco de la seguridad jurídica".

Celaá subrayó que el Ejecutivo “siempre” ha buscado “espacios de diálogo” porque considera que “no existe ninguna otra receta ni soflamas emocionales ni aplicación perpetua del 155” que permita encontrar “soluciones eficientes”. “El diálogo dentro de la Constitución es lo que nos va a llevar a encauzar el conflicto de Cataluña”.

Preguntada por si se abordó la autodeterminación de Cataluña que reclaman desde la Generalitat, Batet se ciño a que “no existe tal derecho” porque “no cabe en nuestro ordenamiento jurídico”. Además, dijo que no resuelve “el problema de fondo” porque éste solo “se va a poder abordar transitando por una senda de diálogo y de capacidad de llegar a acuerdos transversales” y que representen a una “mayoría” de la sociedad catalana.

La portavoz criticó que el Partido Popular y Ciudadanos invoquen la aplicación del 155 “como si casi fuera el único artículo constitucional” pero subrayó que su aplicación “perpetua” no aporta “ninguna respuesta política en estos momentos”. “Salvo que se esconda un afán de recentralización perpetua de las competencias de la autonomías”, cuestión en la que el Gobierno “no está en absoluto de acuerdo”, dijo Celaá. Además, añadió que el Ejecutivo defiende “en su integridad” el sistema autonómico que la Constitución “consagra” en su título octavo.

COMPANYS

Dentro de la galería “simbólica” que el Ejecutivo buscaba para este Consejo de Ministros está el acuerdo por el que se toma conocimiento de la Declaración de reparación y reconocimiento personal en favor del expresidente de la Generalitat fusilado durante la dictadura franquista Lluís Companys. También rechaza y condena el Consejo de Guerra que decidió su ejecución y se proclama pública y solemnemente el reconocimiento y restitución de su dignidad.

Por otra parte, el Consejo de Ministros aprobó acuerdos en materia de carreteras en Cataluña orientados a incrementar la calidad de las infraestructuras y la seguridad vial por valor de 113 millones de euros.