En declaraciones a Servimedia, la directora de la línea, Doreen Reddy, aseguró que las cifras "van a mejor". "Desde que arrancamos en 2015 y durante todo 2016 detuvimos 209 matrimonios", indicó, "mientras que entre abril de 2017 y marzo de 2018 logramos parar 105 bodas más".

La iniciativa, impulsada por el Gobierno indio, se puso en marcha en 1996 y a día de hoy está presente en 379 distritos de los 640 que tiene el país.

"Cuando recibimos una llamada, nosotros nos ponemos en contacto con los distintos servicios sociales y de protección de la infancia y también con la Policía, y juntos vamos a las aldeas a hablar con las familias para explicar a los padres que eso es ilegal. También buscamos concienciar del daño que esta práctica supone para los niños", agregó Reddy, que durante 30 años ha dirigido el sector de la Mujer en la FVF.

"Estamos contentos", confesó, porque el programa funciona y empieza a ser conocido. "Al principio éramos nosotros quienes íbamos solos a hacer campañas de sensibilización y quienes procurábamos detectar casos, pero con el tiempo, han empezado a ser los propios niños quienes llaman para denunciar", afirmó Reddy.

MÁS CONCIENCIACIÓN

Con todo, Reddy sabe que "queda mucho por hacer" y no está segura de que "algunos de los padres a los que en principio hemos convencido no terminen casando a sus hijas e hijos nada más cruzar el límite del distrito".

A su juicio, falta mucha concienciación sobre el daño que los matrimonios infantiles causan en el desarrollo de los menores, sobre todo de las niñas. Son causa de abandono educativo temprano, de embarazos adolescentes, de más malformaciones en los recién nacidos y de violencia sexual. "En definitiva, ayudan a perpetuar el círculo de la pobreza", dijo.

Las últimas estimaciones apuntan a que el 47% de las mujeres indias se casó antes de la edad legal, a pesar de que, como subraya la activista, la ley prohíbe casarse a los menores de 18 años (de 16 si cuentan con el consentimiento paterno).

"Sin embargo, en Anantapur no se ha impuesto ni una sola condena por este motivo", recalcó, lo que indica que "todavía falta mucha sensibilización entre los ciudadanos y entre los propios agentes judiciales. Si hubiese más multas e incluso condenas de cárcel, más padres se lo pensarían".

Asimismo, Reddy apuntó la conveniencia de que los padres que intenten casar a sus hijos menores de edad pierdan con más frecuencia su tutela. Son las autoridades del estado las que tienen que decidirlo. En ocasiones envían a algunas niñas con organizaciones, pero muchas otras no.

CASA DE ACOGIDA

Algunas de estas menores a las que la Fundación Vicente Ferrer contactó mediante el Childline viven ahora en la Casa de Acogida para mujeres maltratadas, que también dirige Reddy.

Desde su apertura en junio de 2012 hasta marzo de 2017, el centro había atendido a 118 personas, de las que 64 eran menores (muchas veces, los hijos de las víctimas). Durante el último año atendió a 27 más, lo que hace un total de 145.

Todos los menores que viven en la casa están escolarizados, apunta Reddy, ya sean hijos de mujeres víctimas, niños abandonados o niñas víctimas de la violencia sexual.

Asimismo, ofrecen talleres de capacitación para que las mujeres encuentren un empleo. "Les enseñamos a elaborar varitas de incienso y bordados, con el objetivo de que puedan ser independientes en el futuro", subrayó. Además, todas reciben apoyo psicológico y asesoramiento legal por si quieren denunciar.

"Hemos luchado por decenas de casos de violaciones dentro y fuera de la familia, pero no es fácil. Los mismos jueces y policías recomiendan a las mujeres que lo dejen", y también ellas mismas se desaniman si el agresor acepta casarse, añadió.

BUENAS NOTICIAS

Con todo, hay motivos para la esperanza. "Este año 2018 hemos visto las tres primeras condenas por violación a tres menores en el distrito", se felicitó Reddy, "y en un tiempo récord además (apenas ocho meses)". En su opinión, "la clave estuvo en el juez que nos tocó".

Se trataba de casos muy graves de abusos por parte de los padres a sus hijas de 14 años (en dos de los casos) y de otro adulto en el tercero.

La ley india castiga con mucha dureza estas situaciones, pero la dificultad está en conseguir que se juzguen. "Y por suerte dimos con un verdadero ser humano, que supo ponerse en el lugar de las víctimas. Ahora los agresores están en la cárcel y se les han impuesto multas para pagar la educación de las chicas", concluyó.