Según informó la Dirección General de la Guardia Civil, han sido detenidas dos personas y se ha investigado a otras 28 como presuntas responsables de delitos relativos a la propiedad industrial, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y delito contra los derechos de los trabajadores.

Las marcas afectadas reclaman más de 600.000 euros por los perjuicios causados y los beneficios que han dejado de obtener por la venta de los productos falsificados.