La convalidación fue posible gracias al apoyo de PSOE y nacionalistas con la abstención de PP, Ciudadanos y Podemos. El aval de la Cámara Baja al decreto corrió riesgo de no salir adelante por la negativa de los tres principales grupos de la oposición a respaldar el decreto.

PP, Ciudadanos y Podemos coincidieron en quejarse de que el Ejecutivo no les consultó previamente a la aprobación de la norma en el Consejo de Ministros, pero finalmente posibilitaron la convalidación que les pidió el PSOE con el argumento de que no podría aprobarse la medida más urgente: la prórroga del contrato relevo, que expiraba el próximo 31 de diciembre.

Por el PP, Guillermo Mariscal aseguró que el decreto incluye unas medidas cuyas implicaciones en la factura energética no se han evaluado debidamente, y el Gobierno del PSOE solo ha accedido a negociar cuando ha visto que no contaba con el voto a favor de Unidos Podemos.

Mariscal aclaró que su grupo sí respalda sin ambages la medida más urgente, y por eso invitó al Ejecutivo a que lo apruebe por separado en este mismo Consejo de Ministros de Barcelona y tendrá el aval del PP.

Desde Unidos Podemos, Yolanda Díaz responsabilizó a la ministra Maroto de no haber negociado con ellos un articulado que, al final, dijo, ha quedado reducido a un decreto ómnibus con medidas inaceptables como la regulación de la venta a pérdidas o el apoyo al contrato relevo que solo beneficiará a la industria manufacturera y no a otros como la construcción o las camareras de piso (kellys).

Según Unidos Podemos, el decreto tampoco evitará que el 15 de enero se vayan “a la calle” los trabajadores de Alcoa.

Marisa Rodríguez, de Ciudadanos, dijo que el Gobierno no ha querido discutir con la oposición este decreto ley y solo lo ha querido imponer “deprisa y corriendo”, porque solo es “una respuesta a la desesperada para aparentar que hace algo ante los conflictos que le han estallado en la cara de Alcoa y Vestas”.

El Gobierno sí contó con el apoyo de PNV, ERC y PdeCat, que coincidieron en que, pese a sus deficiencias y algunos riesgos de invasión competencial, supone medidas importantes para la industria de sus comunidades autónomas que no pueden demorarse.

Los portavoces de estas formaciones nacionalistas reivindicaron la tramitación del decreto como proyecto de ley, algo que apoyó la unanimidad de la Cámara y fue defendido expresamente por la portavoz del PSOE, Pilar Lucio, que confió en que el texto incorporará mejoras sugeridas por la oposición.

MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

En la defensa del real decreto, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, aseguró que la norma es fruto del diálogo que viene manteniendo el Gobierno desde hace tiempo sobre varios frentes con la oposición y con la industria, y no conoce ningún colectivo de trabajadores que haya mostrado su rechazo.

Maroto negó que el decreto perjudique el futuro de las plantillas de Vestas y Alcoa, y calificó de “falsedades” las acusaciones de la oposición contra el Gobierno en este punto.

El decreto prorroga hasta 2023 la aplicación de la normativa que permite simultanear en la industria manufacturera la jubilación parcial y el contrato de relevo, para así favorecer el rejuvenecimiento de las plantillas.

La norma permitirá además una rebaja de los costes energéticos para consumidores electrointensivos, que podrán participar de redes cerradas de distribución y dispondrán además de un Estatuto con sus derechos y obligaciones.

A partir de este decreto, las empresas que reciban ayudas de Industria tendrán la obligación de mantener la actividad productiva durante al menos tres años y garantizar la continuidad del 85% del empleo si acuerdan un despido colectivo.

En materia de comercio, el decreto prevé limitaciones a la venta a pérdidas, “una medida muy necesaria para dar certeza jurídica a los operadores”, según Maroto, y la reducción de cargas administrativas a las empresas.