Según informó la Policía, los arrestados están acusados de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo por haber construido 14 viviendas unifamiliares en la zona conocida como ‘El Zabal’.

Para conseguir la parcelación del terreno rústico, los arrestados habían creado supuestamente dos sociedades pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas de unos 800 metros.

En la operación -enmarcada en el Plan Especial de Seguridad del Campo de Gibraltar en materia de lucha contra el crimen organizado, el blanqueo de capitales y el tráfico de drogas- se han localizado bienes y propiedades construidos con los beneficios obtenidos con la venta de estupefacientes y el contrabando de tabaco.

ZONAS AJARDINADAS

La investigación se inició tras tener conocimiento de la creciente proliferación de viviendas de reciente construcción, asentadas en terrenos no urbanizables y de especial protección agrícola, ubicadas en la zona conocida como ‘El Zabal’.

Los propietarios o moradores de las viviendas eran objeto de interés policial por sus presuntas vinculaciones con el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar. Estas personas edificaron los inmuebles haciendo caso omiso a toda advertencia por parte de las autoridades competentes en materia de disciplina urbanística del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción.

Además de la propia vivienda se habían construido zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que denotan un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados por sus moradores o propietarios.

Los investigadores comprobaron que los distintos propietarios, de común acuerdo, dividieron un terreno de especial protección agraria en parcelas amuralladas de unos 800 metros aproximadamente y comenzaron a construir sus chalets, no atendiendo a las distintas advertencias sobre la ilegalidad de dichas obras que recibieron por parte de las autoridades competentes.

SÓLO 2.000 EUROS POR PARCELA

Las viviendas investigadas son de reciente construcción, no superando los dos años de antigüedad. Durante la inspección de los 14 inmuebles investigados se procedió a la identificación y detención de los 16 propietarios como presuntos autores de un delito sobre la ordenación del territorio y el urbanismo.

En el transcurso de las pesquisas también se ha podido comprobar como los detenidos, para conseguir la parcelación del terreno rústico, habían creado supuestamente dos sociedades instrumentales o empresas pantalla con el único fin de poder sortear dicha prohibición legal y así poder dividir el terreno en parcelas. Según la documentación analizada, cada uno pagó tan solo 2.000 euros por parcela.