En la exposición de motivos, Ciudadanos recuerda que en noviembre de 2016 Oriol Junqueras, entonces vicepresidente de la Generalitat, cesó a la intervención general de la Generalitat y pasó la responsabilidad de fiscalizar las cuentas a una funcionaria "más próxima al independentismo". Ni un año más tarde, añadió, la Generalitat dejó de enviar la información contable preceptiva al Ministerio de Hacienda y esa funacionaria está siendo investigada por "mentir" al Gobierno "durante los preparativos del referéndum fake del 1 de octubre y ocultar el dinero desviado a esta consulta".

A raíz de todo aquello, prosigue Ciudadanos, Hacienda aprobó el 15 de septiembre de 2017 la orden por la que se adoptaban "medidas en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo que suponía una intervención oficial de las cuentas de Cataluña".

Sin embargo, denuncia, la primera decisión de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno fue "confirmar que no habría un control previo de las cuentas de la Generalitat a pesar de que nada había cambiado sustancialmente" y de que el presidente autonómico, Quim Torra, mantiene como objetivo la secesión y anima a los Comités de Defensa de la República (CDR) a "apretar".

"Los CDR están apretando a una democracia europea como la española hasta el inaceptable nivel de la extorsión", apostando por una acción directa "nominalmente no violenta pero que se ejerce frecuentemente traspasando la protesta y situándose en la ilegalidad y en el abuso de la fuerza", argumenta Ciudadanos, que los considera "una amenaza intolerable a los derechos y libertades cívicos".

Ciudadanos alerta de que "la maquinaria secesionista no se ha detenido ni ha sido desarticulada" y es necesario asegurar que "ni un solo euro" de dinero público contribuye "a la discordia entre catalanes y a la ruptura de España".

El Estado tiene mecanismos para ello, apunta el texto, especialmente porque Cataluña "ha sido la comunidad autónoma que más apoyo financiero ha recibido entre 2012 y 2018, más de 80.000 millones de euros, de forma que más del 80% de la deuda pública de Cataluña está en manos del Tesoro".

Por todo ello, Ciudadanos propone que el Congreso inste al Gobierno a "investigar las fuentes de financiación de los DCR que acosan y extorsionan a los ciudadanos en Cataluña y a tomar medidas para que esas acciones no se puedan ejercerse con dinero de todos los españoles".

También a emplear todos los mecanismos disponibles en la normativa para garantizar que el dinero público en Cataluña se destina a mejorar la prestación de los servicios públicos fundamentales de los ciudadanos de esa comunidad, y a publicar por orden ministerial "un endurecimiento del control de las cuentas de la Generalitat para garantizar que no se repita que se financien actos y organizaciones secesionistas con dinero público".