Según informó Justicia, Delgado hizo esta oferta a los representantes de jueces y fiscales en un encuentro que mantuvieron esta tarde en la sede del Ministerio, con el que se buscaba retomar el diálogo tras la huelga convocada en ambos colectivos el pasado 19 de noviembre.

Por parte del Gobierno, además de la ministra, acudieron el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Esmeralda Rasillo y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte.

Durante el encuentro, Delgado resaltó el esfuerzo presupuestario de su equipo ministerial que ha conseguido poner sobre la mesa una propuesta para incrementar el sueldo de los jueces y los fiscales de menor categoría, los que mantienen las peores condiciones salariales en ambas carreras.

CASI 1.700 BENEFICIARIOS

La mejora propuesta afectaría a 908 fiscales y 789 jueces (1.697 en total) que prestan servicio en los partidos judiciales de menor población. A todos ellos se destinaría la cantidad de 1.318.427,18 euros correspondientes a los fondos adicionales de la masa salarial de magistrados, jueces y fiscales correspondientes a 2018.

En total, la subida ascendería 777 euros para cada uno de los beneficiados por la medida. Esa cantidad, computada como atrasos del presente ejercicio, se podría abonar en un solo pago en 2019.

En el encuentro, el Ministerio también recordó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se aprobará previsiblemente mañana en el Congreso de los Diputados recupera otros derechos laborales de jueces y fiscales como permisos, licencias de paternidad e incapacidades temporales. Se trata de logros sociales que habían sido cercenados por reformas de gobiernos anteriores.

ASCENSOS Y VACACIONES

Respecto de las vacaciones anuales, la nueva ley contempla la recuperación de los días adicionales por razón de antigüedad. También se recuperan los días de permiso para asuntos propios. En el caso del permiso de paternidad, se equipara al del resto de funcionarios y empleados públicos extendiéndose hasta las cuatro semanas. También se establece una cláusula residual para que cualquier mejora laboral aprobada para las Administraciones públicas se traslade de manera automática al ámbito judicial.

En el ámbito concreto del Ministerio Público, la ministra se ha comprometido a reconocer el derecho de los fiscales que ocupan plazas de categorías superiores a la suya a obtener el complemento de destino del puesto que efectivamente desempeñan.

Por ello, el Ministerio ha anunciado que dará orden a la Abogacía del Estado para que desista de los recursos presentados por el Gobierno contra las sentencias que dieron luz verde a esas retribuciones en casos concretos, lo que previsiblemente tendrá efectos extensivos a otras muchas situaciones de este tipo. Tras la reunion de este martes, las asociaciones de jueces y fiscales fueron emplazadas a una nueva reunión el próximo 10 de enero para seguir negociando.