El precepto en cuestión afecta a los jueces y magistrados suspendidos en sus funciones y que solicitan su reingreso en la carrera, a los que se les exige por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la previa declaración de aptitud.

La sentencia explica que la orfandad reguladora del término 'aptitud' “afecta al aplicador de la norma que carece de criterios en los que basar la declaración de aptitud o denegarla” y produce una “incertidumbre insuperable acerca de los aspectos a tomar en consideración para valorar la misma, pese a que de la declaración de aptitud depende que el magistrado pueda ejercer o no la función jurisdiccional”.

En este sentido, “la norma no permite definir qué debe entenderse por aptitud y, en consecuencia, cuáles son los parámetros para valorar la idoneidad, suficiencia o capacidad de quien pretenda dicha declaración”. La imprecisión de la norma “no puede ser salvada sin su reconstrucción”, pues “genera una incertidumbre insuperable que solo el legislador debe y puede resolver”.

La Sección Sexta de la Sala Contencioso del Tribunal Supremo planteó la cuestión de inconstitucionalidad respecto del artículo 367.1 de la LOPJ porque consideró que dicho precepto podía ser contrario al principio de seguridad jurídica, a la reserva de ley, y a la garantía de inamovilidad judicial.

El Tribunal explica que la norma tampoco “permite prever con un mínimo grado de determinación las consecuencias que la falta de declaración de aptitud conlleva o las facultades que conforman la nueva situación en la que queda el magistrado”.

Por tanto, “se le sumerge en un limbo jurídico de contornos tan indefinidos, como imprecisos –por inexistentes- son los presupuestos que le llevan a dicha situación”. Por otra parte, “la indeterminación de la situación en la que queda el juez o magistrado que no obtiene la declaración de aptitud es incompatible con la limitación temporal esencial en la configuración de la situación de suspensión de funciones”, apunta la sentencia.