La vista oral por las cuestiones de previo pronunciamiento de la causa del 'procés' en Cataluña dio comienzo puntualmente en la sede del Tribunal Supremo para dirimir si el Alto Tribunal es competente para juzgar al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a los otros 17 acusados o si el juicio debe celebrarse en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Moreno defendió en su turno que el ministerio público "no criminaliza el voto exterior o interior" e insistió en que "era necesario un incumplimiento de las obligaciones de las comunidad autónoma pero también hubo un atentado grave al interés general de España, que requería de la intervención de dos poderes que rebasaban el ámbito de la comunidad autónoma", y que dio lugar a la intervención del Gobierno central y del Senado, que aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El fiscal respondía así a los letrados de los 18 acusados que defendieron en la primera parte de la vista la competencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para juzgar esta causa con el argumento de que ninguno de los sucesos sometidos a examen se cometieron fuera de la comunidad autónoma.

El ministerio público, sin embargo, esgrimió que las acciones llevadas a cabo en el extranjero para impulsar el voto de catalanes en el exterior, por ejemplo, no fueron aisladas, sino que su organización sistemática era algo "absolutamente necesario" para lograr la internacionalización del conflicto.

También se expresó en similares términos la representante de la Abogacía del Estado, Lucía Pedreño, quien afirmó que los sucesos de Cataluña afectaron "a todo el país", por lo que el Supremo es el tribunal competente, porque "la soberanía española se basa en la indisoluble unidad de la nación".

LAS DEFENSAS

Andreu Van den Eynde, abogado del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero Raül Romeva, aseguró hoy en su exposición ante el Tribunal Supremo que “nunca había estado tan convencido de la causa que defienden mis clientes. Son políticos haciendo política, y en este procedimiento se han vulnerado derechos fundamentales”.

Esta es la primera vez que los siete miembros de la Sala Segunda de lo Penal aparecen juntos bajo la presidencia de Manuel Marchena para resolver cuestiones previas al juicio del 'procés', de celebración casi inminente.

En la vista estuvieron presentes las defensas de los 18 acusados, pero ninguno de los procesados asistió a la misma. También estuvieron los fiscales del Supremo Jaime Moreno y Consuelo Madrigal, la Abogacía del Estado y la acusación popular ejercida por Vox.

Al inicio de la sesión, Marchena pidió a los letrados que en la medida de lo posible no repitan argumentos y ajusten su exposición a turnos de 20 minutos, aunque añadió que será flexible y generoso.

Van den Eynde es el abogado que ha abierto el turno de las defensas. Su argumento se centra en que los hechos que se atribuyen a los 18 procesados miembros del Govern y de la Mesa del Parlament, nueve de ellos en prisión, sucedieron en Cataluña y por ello deben ser juzgados allí.

Pero más allá de este argumento, el letrado adelantó la que será la línea de defensa de sus representados, que se basa en que se trataba de responsables políticos haciendo política. Bajo su punto de vista, la Fiscalía ha sido la responsable de “retorcer y pervertir la técnica procesal para un uso de persecución política”. Defendió, además, que hay un juzgado de Barcelona, el número 13, que lleva instruyendo una causa por rebelión más de un año y lo hace “con presencia de aforados”.

La defensa de Junqueras y Romeva insistió en que la Fiscalía ha construido un caso y lo ha presentado en el Supremo porque “el foro natural es temido por alguna razón”. En este sentido, argumentó que el juicio por la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 se realizó en el TSJ de Cataluña y añadió que “la Fiscalía no acierta siempre” y que "las reglas del juego se tienen que respetar. Son claras. Es importante respetar la competencia”.

Van den Eynde insistió en que el Estatuto de Cataluña prevé que los aforados sean investigados y juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cuando los hechos que se les atribuyan se hayan cometido dentro de la comunidad autónoma, mientras que el Supremo solo podría actuar en caso de que los hechos afectaran a más territorios o a países extranjeros. "El Supremo tiene ahora una bonita oportunidad de enmendarlo. ¿Por qué estamos aquí si la ley no lo prevé? Por el 'forum shopping': porque el foro del juez natural es temido por alguna razón", aseveró.

En su turno, Jordi Pina, abogado de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez, insistió en la idea de que los actos se produjeron en su integridad en Cataluña, por lo que el juez predeterminado por la ley es el del territorio, y señaló que los argumentos de la Fiscalía sobre la “extraterritorialidad” de lo sucedido son muy débiles y se basan en la existencia de registro de votantes en el extranjero, en la actuación diplomática del Govern o en la presencia de observadores internacionales.

Insistió en que los hechos que se les imputan a sus clientes en la causa del 'procés' "no son típicos de los delitos de rebelión y sedición", sino tan solo "actos preparatorios".

Al igual que estos dos abogados, el resto de los letrados de la defensa han coincidido en solicitar que sea el TSJC el que juzgue los hechos, porque se refieren a sucesos acaecidos en Cataluña, ya sea el asedio contra la Consellería de Economía de los días 20 y 21 de septiembre como el referéndum del 1 de octubre y la posterior Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Además, las defensas han invocado el derecho de sus representados a la "doble instancia" y a ser juzgados por un "juez ordinario", ya que de ser enjuiciados en el Tribunal Supremo sólo tendrían derecho a acudir a una instancia judicial.

Ahora el tribunal tendrá que decidir sobre la competencia del Tribunal Supremo para juzgar estos hechos o remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una opción muy improbable. Una vez resuelta esta cuestión previa, se fijará la fecha de inicio del juicio, que con probabilidad se fijará para el mes de enero y tendrá una duración aproximada de tres meses.