Según informaron fuentes de la Mesa, los cuatro grupos representados en ella (PP, PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos), siguiendo el informe de los letrados, votaron a favor de remitir a esta comisión las diversas iniciativas parlamentarias que pedían explicaciones sobre esta operación acerca del supuesto intento de arrebatar papeles comprometedores al extesorero del PP Luis Bárcenas.

En concreto, la Mesa estudió una petición de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y varias preguntas parlamentarias registradas por ERC y el Grupo Mixto (PDECat).

Por parte de ERC, la solicitud de comparecencia en la comisión del ramo la firmó el pasado día 11 el portavoz adjunto de ERC, Gabriel Rufián, y su motivo era "informar sobre si el Ministerio del Interior pagó por asaltar y secuestrar a la familia Bárcenas con la intención de apropiarse de pruebas que podrían ser utilizadas en un juicio".

Junto a la solicitud de comparecencia, Rufián registró una serie de preguntas para respuesta escrita basada en las informaciones publicadas acerca de este supuesto plan. En concreto, si el Gobierno tiene conocimiento de esta operación, supuestamente encomendada a los excomisarios José Villarejo y Enrique Olivares, si conocía este 'modus operandi', si, en caso afirmativo, ha hecho o va a hacer algo al respecto y, en caso negativo, si va a ordenar alguna investigación.

También pregunta si se utilizaron fondos reservados, si el Gobierno anterior informó de ello a la comisión correspondiente, si sigue teniendo a Olivares a sueldo o se ha contratado a otros policías para acometer acciones ilegales, y, por último, cuáles son los criterios para contratar a confidentes o colaboradores policiales o del CNI.

El PDECat pidió la comparecencia de Marlaska, en solicitud registrada por su diputado Feliu Guillaumes, y su compañero Jordi Xuclá registró las siguientes preguntas: ¿Confirma el Gobierno la utilización de fondos reservados al servicio de esta actividad delictiva? En caso afirmativo, ¿qué actuaciones ha impulsado el Gobierno para depurar estas acciones? ¿Puede cuantificar el Gobierno el importe de la malversación de recursos que han supuesto estas actuaciones, reconocidas por el Ministerio del Interior?

La Mesa entiende, a tenor del informe de los servicios jurídicos, que este asunto no es motivo de control al Gobierno sino competencia expresa de la citada Comisión de Secretos Oficiales. Por ello, no ha calificado las iniciativas.