La denuncia fue presentada por la Federación Ecologista-Pacifista Gaditana, que acusa a la empresa de "degradar, hasta extremos insospechados, la calidad ambiental, poniendo en grav peligro la salud de las poblaciones afectadas".

La acusación particular, ejercida por la asociación conservacionista Verdemar, solicita una indemnización de mil millones de pesetas y la pena máxima contemplada en el Código Penal para estos casos, es decir, ocho meses de arresto mayor y un millón de pesetas de multa.

Además, los ecologistas afirman que existió premeditación por parte de la refinería y, en muchos casos, "nocturnidad", por lo que califican la conducta de la empresa como de "presuntmente criminal".

Por el contrario, Cepsa niega la autoría de los hechos y mantiene que la denuncia está basada "en unas muestras de agua que carecen del rigor científico necesario y, además, no existe constancia de dónde fueron tomadas".

Fuentes de la empresa aseguraron a Servimedia que durante los últimos años han invertido miles de millones en cuestiones relacionadas con la preservación del medio ambiente.

"En la refinería de Algeciras", agregaron, "no hemos sobrepasado nunca los límites ipuestos por la normativa, ya que compartimos y comprendemos los esfuerzos que realizan las organizaciones que nos han denunciado en defensa de la naturaleza".

ANALISIS

Los conservacionistas enviaron unas muestras de agua al Instituto Nacional de Toxicología para que las analizara y concretara su grado de contaminación.

El agua contenía metales pesados, hidrocarburos, óxidos de azufre, nitrógeno, detergentes y cianuros, que, según los denunciantes, "fueron arrojados sin ningún tipo de control nimedidas de depuración, aun cuando a partir de 1989 ha mejorado la situación en cuanto a las medidas correctoras internas".

Sin embargo, Cepsa insiste en que muchas de esas sustancias no son utilizadas en un proceso de refino, por lo que descarta su responsabilidad en los hechos que le imputan.

Por ello, consideran que "algunos de esos contaminantes, como los detergentes, pueden proceder de los sistemas de alcantarillado de los pueblos de la zona".

No obstante, la Federación Ecologista Pacifita-Gaditana espera una sanción ejemplar contra esta industria, al tiempo que solicita una reforma del Código Penal para endurecer las penas referidas a delitos ecológicos.