Según la legislación vigente en materia de Seguridad Social, si la persona fallecida no estuviese en situación de alta en la Seguridad Social, se tomará como base reguladora la mínima de cotización del Régimen General para mayores de 18 años.

En el caso de que el fallecido fuese pensionista, se tomará como base reguladora la correspondiente a la pensión de la que disfrutara esta persona.

"Las pensiones extraordinarias originadas por actos de terrorismo o estarán sujetas, en ningún caso, a los límites previstos con carácter general", dice la normativa.

Además, se garantiza una cuantía mínima que será similar al triple del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que, en virtud de la cuantía vigente en 2004 (460,5 euros), situaría la pensión mínima de 1.381,5 euros.