Además, los veinte puntos de la red de atención ciudadana que el Gobierno regional habilitó para informar a los afectados ha recibido más de 1.500 solictudes, según los últimos datos recogidos por la Consejería de Presidencia.

Así, desde que el Ejecutivo puso en marcha la red de atención al ciudadano el pasado día 19, el número de expedientes por fallecimiento que ha iniciado la Comunidad de Madrid se eleva a 60 con el fin de agilizar el cobro de las ayudas a los familiares de las víctimas mortales de los atentados terroristas del 11-M.

La cifra de afectados que han recibido asesoramiento e información supera los 1.500 en los veinte puntos que pra este fin ha habilitado el Gobierno en cada una de sus once consejerías, así como en las sedes de las direcciones generales de Tributos, Industria, Energía y Minas, Trabajo, Arquitectura y Vivienda, Deportes y Agricultura.

Los interesados también recibieron información de las ayudas económicas, de asistencia sanitaria, psicológica y psicopedagógica de una forma personalizada en oficinas ubicadas en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y del Servicio Regional de Empleo, además del Instituto Madrilño del Menor y la Familia y el Instituto Madrileño del Deporte, el Esparcimiento y la Recreación (IMDER).

Asimismo, el Gobierno regional acordó el pasado viernes ampliar a tres meses el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de las ayudas, lo que eleva en un mes el periodo de tiempo que establece la legislación vigente para solicitar las ayudas y que es de dos meses desde la fecha en que se produjeron los hechos que las motivan.

El Ejecutivo llevó a cabo esta iniciativa para faciltar los trámites a todos los afectados, y en particular a las víctimas de diversas nacionalidades, porque considera previsible que deban cumplimentar trámites en el extranjero. De hecho, la Ley de Ayudas a las Víctimas el Terrorismo establece distintos tipos de ayudas a los afectados por actos terroristas que sucedan en la Comunidad de Madrid.

A su vez, el Gobierno, al amparo de la citada ley a los posibles beneficiarios de las ayudas de presentar la correspondiente denuncia ante los órganos competents, y también, que por la delegación del Gobierno se expida certificación sobre los hechos producidos.

La propia ley permite que el Consejo de Gobierno dispense los requisitos exigidos cuando los hechos afecten a gran número de personas o se pueda disponer de oficio de los datos correspondientes, con el fin de simplificar los procedimientos de concesión de las ayudas.