Uteca señaló en un comunicado que con esta conducta, "los máximos responsables de RTVE, organismo público que debería ser también escrupuloso con el espíritu de las leyes y velar por el bien común y el recto proceder, han pisado la frontera del fraude de ley, puesto en mal lugar al Gobierno y al poder legislativo".

Los operadores privados se quejan de que "se ha distorsionado en su inicio un sistema de financiación que obligará a las televisiones privadas", como ya avisó Uteca en julio, "a cuestionar las aportaciones con las que contribuirán este año al sostenimiento de la corporación pública" mediante un gravamen de hasta el 3% de sus ingresos.

El comunicado de Uteca concluye señalando que TVE tiene la obligación de hacer pública la publicidad contratada para el resto del año, así como sus condiciones, "y si las silencia, deberá ser la Comisión Parlamentaria competente en la materia la que requiera oficialmente esos datos para su conocimiento general y toma en consideración por las cadenas comerciales".