Para la asociación es "lamentable que una entidad pública utilice este tipo de prácticas y aproveche la precariedad laboral para generar ingresos" cuando considera los afectados son además desempleados, con "más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto".

La organización defiende que los procesos de selección, "especialmente si proceden de una entidad pública", sean abiertos a la participación de cualquier candidato y que los costes se sufraguen "con los impuestos que ya pagan los ciudadanos".

La asociación ha demandadado a Renfe, que justifica el cargo en concepto de derechos de participación, que cese la práctica y devuelva a los candidatos la cantidad abonada.