Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por Unicef entre 4.000 adolescentes y jóvenes durante los últimos tres meses, cuyos resultados se enmarcan en el informe ‘El Derecho a ser oídos’, con historias reales de menores y jóvenes migrantes.

Según sus resultados, el 58% de los migrantes encuestados aseguran haber perdido uno o más años de escolaridad y el 49% dijeron que no pudieron ver a un médico cuando lo necesitaron. Además, el 38% de los encuestados aseguran que no han recibido “ayuda de nadie”, ni de la familia ni de los amigos ni de las instituciones.

PACTO MUNDIAL

Unicef da a conocer los resultados de esta encuesta unos días antes de la Conferencia Intergubernamental sobre el Pacto Mundial para la Migración, que se celebrará en Marrakech (Marruecos) el 10 y el 11 de diciembre.

En dicho encuentro, los dirigentes del mundo se reunirán para adoptar oficialmente el Pacto Mundial sobre las Migraciones, el primer acuerdo intergubernamental sobre un enfoque común de todas las dimensiones de la migración. La publicación de los resultados de la encuesta tiene por objeto ayudar a los dirigentes mundiales y a los reunidos en la conferencia de Marrakech a comprender las implicaciones que los procesos de migración y desplazamientos tienen para niños y jóvenes.

Según Laurence Chandy, director de Datos, Investigación y Políticas de Unicef, mientras “los políticos discuten a causa de la migración, 4.000 niños y jóvenes desarraigados nos dicen que necesitan más apoyo”.

“Debemos realizar una mejor labor para escuchar y trabajar con estos niños que se juegan la vida”, prosiguió, pues “los niños desarraigados pueden enseñarnos mucho sobre sus necesidades y vulnerabilidades si estamos dispuestos a escucharlos”.

“La migración es inevitable, pero el peligro y la discriminación que sufren los niños refugiados y migrantes no tiene por qué serlo”, apuntó Chandy. A su juicio, “los Estados tienen la oportunidad de hacer que la migración sea segura".

Afirmó que los compromisos y acciones propuestos en el Pacto Mundial –entre ellos la defensa del interés superior del niño en todo momento y la incorporación de los niños migrantes a los sistemas nacionales de protección de la infancia– son a la vez prácticos y factibles. "El Pacto Mundial constituye un ‘manual operativo’ para las autoridades locales y nacionales sobre buenas prácticas y enfoques que benefician a los niños desarraigados”, concluyó.