Así lo anunció hoy la ministra de Economía y Empresas, Nadia Calviño, durante un encuentro informativo organizado por Europa Press, al ser cuestionada sobre los planes del Ejecutivo en torno al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) y si lo desligará de Economía.

La ministra apuntó que es uno de los planes pendientes para 2019 dentro de la preocupación del Gobierno por la "regeneración democrática", donde inserta ese análisis sobre el funcionamiento de las instituciones.

El Gobierno anterior buscaba desligar el ICAC de Economía y hacerlo depender de la CNMV, dentro de una reforma más ambiciosa donde segregaría la función regulatoria y la supervisora de seguros en órganos distintos, y escindía en dos el organismo de competencia CNMC.

Calviño indicó que queda para el próximo año, entre otras cosas porque estaba a la espera del dictamen de la comisión en el Congreso sobre la crisis financiera y del rescate de las cajas, donde los grupos parlamentarios efectúan recomendaciones normativas y de otra índole para evitar una repetición de la crisis.

La ministra anticipó su intención de llevar al Consejo de Ministros del próximo día 14 las reglas para crear la macroautoridad de defensa del cliente financiero y la autoridad macroprudencial que ayudará, en colaboración con el Banco de España y la CNMV, a vigilar los riesgos para evitar nuevas burbujas que desestabilicen al sistema financiero.

La nueva institución macroprudencial buscará una mayor cooperación para que se vea el conjunto del sector y se pueda advertir si está asumiendo "riesgos bastante desproprocionados e insostenibles" en su globalidad, aunando así el foco supervisor individual de cada organismos, indicó.

Entre las medidas en parrilla de salida refirió que antes de final de año, salvo sorpresas, saldrá del Congreso la reforma hipotecaria e indicó que el Ejecutivo ha puesto a trabajar a varios departamentos para dar alternativas a los desahucios.

Una de ellas es la ley hipotecaria con la inclusión del Código de Buenas prácticas en su articulado para que la banca reestructure la deuda y de soluciones a los colectivos más desfavorables, pero también con la política de vivienda accesible anunciada por Fomento y la decisión del Ministerio de Justicia de obligar a los jueces a consultar con los servicios sociales antes de actuar con la ejecución de una hipoteca.

Una de las últimas medidas del Gobierno en el marco hipotecario ha sido regular para que sea la banca y no el cliente el que pague el impuesto de actos jurídicos documentados. "No he hecho el análisis, pero no tengo evidencias de que se esté repercutiendo", indicó Calviño.

La ministra explicó que 2019 será el año de las medidas para garantizar el crecimiento sostenible de la economía e inclusivo y dar respuesta a colectivos que no han sido favorecidos por la recuperación y provocan el descontento de la ciudadanía con los gobiernos, instituciones, abogados, entidades financieras, etc.

Dentro de los deberes admitió la asignatura pendiente de ganar peso en los centros de decisión internacionales, principalmente en Europa.

A su juicio, España está "infrarrepresentada" y es necesario incrementar la posición en instituciones económicas y financieras para que "influya" en las decisiones. El objetivo, indicó, es que el país se sitúe con Francia y Alemania, "liderando esos debates".