Según informó este miercoles el Instituto Armado, a los arrestados en la llamada ‘operación Merín’ se les atribuye la presunta autoría de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra el derecho de los trabajadores, amenazas, lesiones, falsificación documental, usurpación de estado civil, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

El grupo criminal era dirigido por un reducido clan familiar, formado por el gerente de la empresa de trabajo temporal, su mujer y su hijo, junto a otras 14 personas encargadas de captación de las víctimas y control de éstas en las explotaciones agrícolas.

En los cuatro registros realizados, la Guardia Civil se ha incautado de numerosa documentación falsificada, 9.000 euros en efectivo, tres vehículos de alta gama y varios ordenadores portátiles.

SIN DESCANSOS

La organización captaba a personas extranjeras que carecían de permiso de trabajo y les daban una falsa identidad de cara a las inspecciones laborales. El clan familiar ofertaba puestos de trabajo en tareas agrícolas ofreciendo unas remuneraciones que posteriormente no abonaban a los trabajadores.

Además, les cobraban conceptos desorbitados por el traslado desde su lugar de origen, por el alojamiento y la manutención, por el traslado hasta el lugar de trabajo o por distintas gestiones administrativas. Estas deducciones generaban una deuda con la empresa que superaba el importe del salario diario.

Las jornadas de trabajo se prolongaban hasta 14 horas diarias, durante las cuales apenas tenían descansos ni acceso a unos aseos. Los trabajadores percibían una mínima cuantía, únicamente para la mera subsistencia y para el pago de unas viviendas precarias que la organización disponía. Las víctimas eran amenazadas e incluso agredidas en caso de negarse a acudir a sus puestos de trabajo.