Por ello, propone al Tribunal de Justicia de la UE, que fue consultado por el Tribunal Supremo, que en su futura sentencia sobre este asunto declare que la directiva y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia no se oponen a esta medida.

Para el abogado, la fijación de un precio máximo para la bombona de gas licuado envasado es válida como medida de protección a los usuarios socialmente vulnerables, a pesar de que se adoptase con carácter general para todos los consumidores y por un período indefinido, se prolongue ya por más de 18 años y pueda coadyuvar a congelar la situación de escasa concurrencia al suponer un obstáculo a la entrada de nuevos operadores.

Según el Abogado General, la directiva y la jurisprudencia tampoco se oponen a una medida de distribución domiciliaria obligada de gas licuado del petróleo envasado como medida de protección a los usuarios socialmente vulnerables o residentes en zonas de difícil acceso.

Tras la propuesta del Abogado General, el Tribunal de Justicia debe dar una solución jurídica determinada a un asunto, pero sus conclusiones no son vinculantes a la hora de dictar sentencia.

Repsol Butano y Disa Gas solicitaron la anulación de la orden ministerial de 2015, de 5 de marzo, por la que se actualiza el sistema de determinación automática de precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo envasados y se modifica el sistema de determinación automática de las tarifas de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo por canalización

Con ello, la bombona de butano quedó exceptuada de la liberalización del sector del gas operada por la ley de 1998 del sector de hidrocarburos.