El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo Vicente Magro dictó el pasado día 3 un auto en el que acordaba, como instructor del incidente de recusación presentado por varios procesados contra el presidente de la Sala II, Manuel Marchena, y el resto de magistrados de la sala de enjuiciamiento de la causa del ‘procés’, dar por concluida la instrucción y remitir lo actuado a la Sala prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que resuelva sobre las recusaciones planteadas.

El instructor del expediente denegaba la práctica de las pruebas planteadas por los recusantes, como la declaración del senador Ignacio Cosidó, al entender que no son necesarias para la resolución del incidente.

Siete de los procesados han recusado al presidente de la Sala II, Manuel Marchena, mientras que Jordi Cuixart ha recusado además a los otros seis magistrados que forman la sala de enjuiciamiento.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, rechazó la pasada semana en un escrito de cinco páginas que se le aparte del juicio del 'procès' por supuesta parcialidad, como piden varios de los procesados que le han recusado. En sus alegaciones, el magistrado insistía en que la imparcialidad de un magistrado "ha de vincularse a sus propios actos o resoluciones" y asegura no tener interés alguno en el desenlace del juicio.

Marchena respondía a los incidentes de recusación presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, varios exconsejeros y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart. Insistía en que no tiene “ni he tenido nunca un interés directo en el desenlace de una causa penal” y en que las valoraciones sobre su independencia no pueden depender del “personal criterio” de los procesados, sino que debe juzgarse por sus “actos y resoluciones”.

Las recusaciones se basaron, principalmente, en la polémica que se generó al conocerse el contenido de un whatsapp del portavoz popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que se felicitaba del acuerdo entre PP y PSOE para nombrar a Marchena presidente del CGPJ y aventuraba que los populares podrían seguir así “controlando desde atrás” la Sala que juzgará a los independentistas.

El instructor designado por la Sala de lo Penal dio por concluida la instrucción y remitió a la Sala especial del 61 toda la causa para que decida si aparta a Marchena. Ésta es la séptima vez que las defensas cuestionan la imparcialidad de magistrados del Supremo.