El dictamen, que obtuvo el voto unánime de los 21 vocales que integran el Pleno, contiene un juicio favorable en términos generales a esta reforma legislativa, especialmente desde el punto de vista del respeto a los principios y valores contenidos tanto en la Constitución como en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según este convenio, las personas con discapacidad tienen plena capacidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás personas en todos los aspectos de la vida, por lo que obliga a los Estados a poner en marcha medidas apropiadas que permitan a estas personas tener acceso al apoyo necesario en cada caso para ejercer de forma plena su capacidad jurídica.

Este es el propósito del anteproyecto, del que el CGPJ considera que “sirve adecuadamente” al objetivo de adaptar la legislación civil y procesal a las exigencias contenidas en la Convención.

Según el dictamen, las reformas que contiene permitirán “hacer efectivos los derechos reconocidos en la Convención”, en particular “el reconocimiento de la personalidad y la capacidad jurídica de las personas con discapacidad”, con el fin de “promover la igualdad y eliminar la discriminación por motivos de discapacidad”.

TUTELA

El informe advierte, sin embargo, de las consecuencias que puede tener la desaparición del sistema de tutela de autoridad, pues puede generar situaciones incompatibles con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de las personas con discapacidad, al dejar espacios ajenos al control de los jueces.

Por esta razón, el CGPJ recomienda “conjugar el régimen de protección basado en el autogobierno y la autoorganización” de la persona con discapacidad “con el debido control judicial, a fin de asegurar la protección y la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de las personas con discapacidad”.

La tensión entre el principio orientado hacia el autogobierno y primacía de la voluntad de la persona con discapacidad y el derecho fundamental a la tutela judicial de sus derechos e intereses debe resolverse buscando el equilibrio entre ambos extremos, concluye.

El informe recomienda que la intervención judicial ante medidas de carácter voluntario no se conciba como algo excepcional, sino que se permita “en términos claros” el control judicial de la adecuación, idoneidad y suficiencia de dichas medidas, así como su efectiva puesta en marcha.

El CGPJ considera que la implantación de un sistema de autorregulación no debe significar necesariamente una disminución de la intervención judicial. Al contrario, la determinación de los apoyos necesarios en cada caso conlleva una serie de incidencias y trámites que deberían ir acompañados de “un aumento, cuantitativo y cualitativo, de la intervención judicial y de la estructura auxiliar de la Administración de Justicia”, especialmente en las primeras fases de implantación del nuevo sistema, donde deberán revisarse las medidas adoptadas.