"No hay un único culpable en la generación y las consecuencias de la crisis", relató el diputado del PSOE Gonzalo Palacín al término de la reunión de la comisión, donde aprobaron tres documentos: un informe de antecedentes, el apuntado relato de la crisis y su gestión y un dictamen con indicaciones al Gobierno, a las Cortes y a organismos europeos o entidades sobre medidas para evitar una repetición de los problemas.

Palacín refirió que el documento con el relato de la crisis sí advierte, sin embargo, que "falló todo", en alusión a la capacidad de gestión de los reguladores, "una consentida mala gestión de los gestores" de las entidades, que a nivel Ejecutivo no se actuó "todo lo rápido y diligente" que hubiese sido deseable o que el mecanismo de resolución europea en el caso del Popular, "por decirlo suavemente, es mejorable".

"En nuestra opinión, la crisis se da a nivel internacional y en España se negó", indicó el diputado del PP Carlos Floriano, quien adelantó que su grupo parlamentario emitirá un voto particular al dictamen haciendo hincapié en que "las medidas no dan resultados porque no se toman hasta 2012", que es cuando toma el relevo al PSOE el Gobierno del PP.

RELATO 'BLANDO' PERO ATREVIDO EN PEDIR MEDIDAS

El diputado de ERC Joan Capdebila reconoció que el relato "es blando, es light" sobre el diagnóstico, porque "el PSOE y el PP fuerzan a la comisión a ir a un diagnóstico de lugares comunes y basado en hechos probados y de sentencias firmes", lo que impide incorporar aspectos abiertos aún judicialmente; pero ambicioso y atrevido en el documento con las recetas que expedirá tomar para volver a sufrir los mismos problemas.

"Se apunta por encima el papel del supervisor" por carencia de herramientas, "pero al final fue una concatenación de acontecimientos y cosas que vienen de fuera y hay una corresponsabilidad" de los gobiernos del PP y PSOE, porque había una burbuja inmobiliaria y "no se pinchó", admitió a su vez la diputada de Unidos Podemos Rosa Martínez.

"Nos hacen creer que la crisis vino del cielo, cuando fue una conspiración", denunció por su parte el diputado de Ciudadanos Antonio Roldán, argumentando así el voto en contra del informe de su formación, la única que se ha posicionado contraria causado malestar entre el resto de partidos, que califican de "electoralista" su posición.

En este sentido, la presidenta de la comisión, Ana Oramás, de Coalición Canaria, desveló que "todos los miembros de los grupos parlamentarios consideraban adecuado el informe" hasta el pasado martes y "no hubo nada que solicitaran de un grupo político que no se haya incluido", gracias a que han estado trabajando de manera intensa tras el casi año y medio de trabajos de la comisión con la asistencia de más de 80 comparecientes.

CAMBIO DE VOTO DE CIUDADANOS A CONTRARRELOJ

"Todos los grupos consideraron que era un relato de lo que habíamos vivido en la crisis", aseguró, subrayando que es la primera vez en muchos años que todos los partidos aceptan incorporar medidas del resto y permite elaborar un texto común, algo aún más inédito en la legislatura actual por la fragmentación parlamentaria.

La disputa viene porque Ciudadanos reprocha al PP y PSOE evitar con su oposición que figure en un relato, que tacha de "vergüenza", que el causante de la crisis fue "la politización de las cajas", inundadas por cargos políticos con cometidos de gestores por la vinculación directa a ambos partidos.

Según Floriano, esa tesis la defendió uno solo de los más de 80 responsables de reguladores nacionales e internacionales, de los gobiernos del PP y PSOE, gestores de entidades, firmas auditoras e inspectores que han pasado por la comisión para dar su opinión sobre lo ocurrido.

El diputado del PP acusó a Ciudadanos de dar un volantazo y salirse del acuerdo unánime por anteponer "posiciones dogmáticas e inmaduras, propias de partidos nuevos que, en nuestra opinión, no están para servir a los ciudadanos" sino para "obtener una rentabilidadl política" o "electoral".

"Parece que algunos tenían las conclusiones escritas antes de iniciarse la comisión" y que "no han hecho ningún movimiento" para aproximar posturas, le afeó a su vez el diputado del PSOE.

"El PP y PSOE se han puesto de acuerdo para elaborar un informe que es una vergüenza", porque "ha tirado a la basura" el trabajo de la comisión, buscando "deliberadamente esconder la responsabilidad directa que tuvieron en la gestión de las cajas" y que llevó al rescate "que después hemos pagado los ciudadanos", se defendió el diputado de Ciudadanos, quien aseguró que nunca expresó la aceptación del informe.

Tras la elaboración del informe con el relato de los acontecimientos, para el que la comisión se ha provisto de centenares de documentos, además del relato de los comparecientes, queda pendiente cerra el dictamen.

DEMANDAS REGULATORIAS PARA EVITAR CRISIS

Oramás refirió que hay acuerdo sobre más del 90% de su contenido y ahora los grupos disponen de tiempo para elaborar votos particulares y negociar posiciones hasta el 17 de diciembre, cuando está previsto llevarlo al Pleno aunque podrán negociarlo hasta febrero.

De ahí saldrá el verdadero recetario para reguladores y organismos nacionales e internacionales para arbitrar medidas que impidan otra crisis similar.

Los diputados anticiparon que pone énfasis en articular y mejorar los mecanismos de detención temprana de los riesgos, implantar sistemas para que los problemas bancarios no se trasladen a las economías profundizando en vías como la Unión Bancaria y crear un prestamista de última instancia que evite otro colapso por asfixia de liquidez como el del Banco Popular.

Ponen énfasis en mejorar también la protección del consumidor de servicios financieros, la seguridad jurídica y la transparencia e impedir que determinados productos se comercialicen al gran público por falta de idoneidad.

Unidos Podemos, que se abstuvo en la votación y considera que el principal responsable de la crisis "son las malas prácticas bancarias", anticipó que introducirá un voto particular en favor de la banca pública que el resto de grupos no han aceptado incluir. ERC también aboga por una banca pública catalana.

Su documento incidirá también en una inspección más intrusiva del Banco de España y una regulación que no fie "a la ética bancaria" su gestión y políticas comerciales.

Ciudadanos insistirá en mejorar la gobernanza de las entidades y establecer sistemas para una elección profesional de cargos en organismo como Banco de España y CNMV para que sean elegidos por su "mérito y capacidad" y "no a base de dedazos".