Tras exponer que “ha tenido conocimiento del escrito firmado por la presidenta de la Comisión de Investigación de la Corrupción, el pasado día 23 de noviembre, en la que propone prorrogar sus trabajos hasta marzo de 2019”, manifiesta que se opone con el principal argumento de la legalidad: “Según el Reglamento de la Asamblea de Madrid las comisiones de investigación son temporales y, por tanto, la petición de prórroga hasta marzo es contraria al mismo”.

En el escrito se insiste en su oposición a esta prórroga “por la sencilla razón de que los tres grupos de la oposición pretenden alargar la duración de la Comisión de Investigación de la Corrupción durante toda la legislatura, convirtiendo de facto en permanente lo que el Reglamento de la Asamblea determina que debe ser temporal”.

Otro argumento del PP es que ”no se justifica en manera alguna la necesidad de la prórroga en el escrito de 23 de noviembre de 2018, siendo su motivación real la exclusivamente partidaria de alargar la comisión y que el Pleno en el que se debata su dictamen esté lo más cerca posible de la finalización de la legislatura”.

Asimismo, tras preguntarse "qué ha hecho la comisión desde el 23 de marzo de 2018 hasta ahora", afirma que el PP “se opone a que se premie la absoluta falta de actividad con un alargamiento del plazo que, además, solo busca el interés partidario de alargar la comisión hasta el fin de la legislatura".

También se afirma que los Servicios Jurídicos de la Asamblea ya dictaminaron que “una comisión de investigación, por definición, está limitada en el tiempo y, por tanto, no se pueden utilizar subterfugios para prorrogar su vigencia de forma permanente”.

Asimismo, según el mismo documento, “en el caso que nos ocupa, una mayoría de oposición pudiera tener el interés de alargar la comisión como parte de una estrategia política de desgaste al adversario, llevando las conclusiones, en su caso, al momento más propicio para sus propios intereses”.