La Fiscalía ha abogado por el mantenimiento de las acusaciones al considerar que el posible daño causado por la salida a bolsa de la entidad con una información que ocultó la verdadera situación financiera del banco, no sólo perjudicó al FROB, sino a toda la sociedad.

Launa explicó en su intervención la "relevancia e interés colectivo" de la presunta falsedad de las cuentas "de la cuarta entidad financiera del país", una operación que requirió un rescate europeo de 23.000 millones de euros, que repercutieron en las cuentas del Estado, y que puso en riesgo el sistema financiero en su conjunto.

Anticorrupción respondía así a las pretenciones de Bankia, su matriz BFA y la auditora Deloitte que en la sesión del martes insistieron en preguntar cuáles son los cargos que se les imputan y quien les acusa y en pedir la aplicación de la `doctrina Botín´.

La presencia de las acusaciones particulares en el juicio es importante puesto que la Fiscalía solo acusa a cuatro de los procesados: su expresidente Rodrigo Rato, el exconsejero delegado de Bankia Francisco Verdú y los exconsejeros José Manuel Fernández Norniella y José Luis Olivas, por un delito de estafa a los inversores. De aplicarse la `doctrina Botín´, no se podría juzgar ningún acusado que no sea imputado por la Fiscalía.

Sin embargo, la nueva fiscal anunció en la primera sesión del juicio y por sorpresa que está estudiando ampliar su acusación al resto de los procesados por un delito de falsedad contable, que impediría la aplicación de ese criterio.

Las defensas de Bankia y su matriz se concentraron el martes en ponen en duda la legitimidad de las 15 acusaciones particulares que están personadas en la causa y en destacar que ninguna de ellas ha concretado, a su juicio, de qué acusan a sus clientes.

Precisamente por eso, pidieron a la presidenta del tribunal, la magistrada Ángela Murillo, que decretara la nulidad de los escritos de acusación y del auto de apertura del juicio oral. El tribunal tendrá que decidir sobre estas cuestiones antes de que empiecen las declaraciones de los acusados.

Bankia sostiene que algunas acusaciones particulares no han aportado la documentación que demuestra que representan a los accionistas en cuyo nombre actúan. Su abogado, Joaquín Burkhalter, explicó que el banco ya empleó 1.840 millones de euros en comprar a los afectados sus acciones con un 1% de interés a cambio de su renuncia a posibles acciones civiles o penales, y que aún tiene en reserva dos millones más para resarcir a los accionistas que no hayan cobrado aún.