Así lo decidieron los parlamentarios con 175 votos en contra (dos de ellos telemáticos), 23 abstenciones y 143 votos a favor. La mayoría de los grupos acusaron a los populares de dilatar el trámite legislativo.

El parlamentario del grupo confederal Segundo González García defendió el texto original frente al de los populares, pues considera que con su propuesta se combatirán las “becas en fraude”. En su opinión, muchas empresas se aprovechan de esta figura para sustituir puestos de trabajo. Según dijo, hay más de 150.000 jóvenes afectados cada año por esta situación.

Por ello, explicó que con la iniciativa de su grupo busca “acabar con el vacío legal que existe sobre las prácticas” y la “ley de la selva” y la “barra libre de becarios”, siguiendo las indicaciones de varios actores educativos con los que dicen haber hablado.

El grupo confederal, prosiguió, proponía limitar número de horas de las prácticas, una limitación del número de estudiantes en función del tamaño de la empresa, y medidas para reforzar la calidad de las prácticas, como un tutor “en exclusividad” responsable del becario. Asimismo, subrayó que defienden una “remuneración mínima” que asegure que el becario no tenga gastos por hacer las prácticas frente a lo que creen que desea el PP, que “nos quiere a todos becarios” y “precarios”.

Por el Grupo Mixto intervinieron Marta Sorlí Fresquet, que acusó al PP de presentar enmiendas a la totalidad a “todo” lo que significa reconocer derechos y pidió que “dejen de bloquear el parlamento”. Por el mismo grupo Jordi Xuclà i Costa se mostró partidario de la regulación de las prácticas porque más del 60% de los becarios no tiene ningún tipo de contrato.

En nombre del Grupo Vasco, Joseba Andoni Agirretxea, criticó la falta de “celeridad” legislativa de la propuesta que comenzó a debatirse hace un año en el Parlamento. En la misma línea se mostró el diputado de Esquerra Republicana Joan Olòriz, que tomó la palabra al PP de que sea un asunto “urgente”; y Marta Martín, de Ciudadanos, grupo que consideró “chapucera” la propuesta del grupo confederal, aunque consideró positivo que “se abriese el debate”. No obstante, también se mostró contraria a la enmienda debatida este jueves.

El diputado socialista Ignacio Urquizu apoyó a sus colegas por el “bloqueo” del PP a las iniciativas parlamentarias y recalcó que debería “preocupar” la “parte de fraude” que existe en las prácticas universitarias.

ENMIENDA DEL PP

En su turno de palabra, el diputado del Grupo Parlamentario Popular José Jaime Alonso Díaz-Guerra defendió la enmienda a la totalidad de su grupo y dijo que el PP no considera necesario elevar a rango de ley la regulación de las prácticas académicas universitarias externas porque pondría “en riesgo” el sistema de prácticas, “la titulación de miles de jóvenes” y la “competitividad” de las universidades. “En ningún caso son unas prácticas laborales sino para completar la formación de los estudiantes”, recalcó, por lo que “es completamente erróneo vincular un salario” a esa actividad.

No obstante, defendió que su grupo “pide establecer una ayuda económica” para esas prácticas y subrayó su “carácter formativo” y que la enmienda a la totalidad busca preservar los derechos de los estudiantes pero haciéndolo junto a las empresas y las universidades.

El diputado popular, que criticó el texto del grupo confederal “un desatino” y “contraproducente” porque genera “sospechas” sobre los actores que intervienen en las prácticas universitarias, considera que esas prácticas extracurriculares sirven “para completar la formación” y “proporcionan una mayor empleabilidad” a los jóvenes.