En su escrito el fiscal indica que tras el estudio de la denuncia inicial y de la documental aportada a la causa considera “innecesario oír en calidad de investigada” a la exministra y pide que “se acuerde respecto a la misma el sobreseimiento provisional y archivo de la causa de conformidad con el art. 779.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

El ministerio público explica que Montón cursó el Máster en Estudios Interdisciplinares de Género en la Universidad Rey Juan Carlos durante el año 2010-2011 y que la exministra ha aportado a la causa una serie de correos electrónicos que “ponen de manifiesto que la misma se preocupó por conocer cuál era el contenido de las distintas asignaturas cursadas, así como un interés por superar las asignaturas”.

De igual modo, “parece desprenderse del contenido de los correos que en efecto se distinguía entre aquellos alumnos que acudían a clase, y aquellos otros que por el motivo que fuere, cursaron el máster sin acudir a las sesiones que se impartían”.

La Fiscalía dice que “no hay indicio alguno de inexistencia de actividad académica ni de un concierto previo entre la alumna y Laura Nuño”, directora del máster, como “tampoco hay pruebas que permitan sostener que las notas que fueron modificadas a posteriori, lo fueron en virtud de ese acuerdo previo, o por orden de la investigada”.

El cambio de notas que se registra en su expediente, así como las convalidaciones, “son procedimientos que no dependen del alumno, por lo que su resultado no se les puede achacar”. En ese sentido, el fiscal insiste en que los alumnos “no son los garantes de la legalidad administrativa ni les corresponde velar por la regularidad del procedimiento para la obtención del máster”.

Además, aun en el caso de que se hubiera producido alguna irregularidad, ésta estaría prescrita, dice la Fiscalía, que también hace referencia a que la denuncia inicial ponía en conocimiento de la justicia el presunto plagio de parte del trabajo de fin de master de Montón, incluyendo 19 páginas con párrafos enteros de varios autores a los que no citó en la bibliografía.

Esta cuestión, dice el ministerio público, “carece de relevancia penal (carece de entidad y ánimo de lucro)”, e incluso como delito contra la propiedad intelectual estaría también prescrito, todo ello sin perjuicio del derecho a la tutela civil que le corresponda al autor original y de la responsabilidad administrativa en la que pudiere incurrir la alumna y el profesorado que calificó y aprobó el referido trabajo.

Finalmente, en relación con los contratos adjudicados y las “ayudas concedidas” a los que hace referencia la denuncia por la que se incoan las presentes diligencias, “no parece existir relación alguna entre el máster cursado, la investigada y los beneficiarios de aquellas”, según el fiscal, que, en consecuencia, solicita el sobreseimiento provisional y archivo de la causa.