En declaraciones en los pasillos del Congreso, Catalá explicó que Bal era un funcionario público que ocupaba un puesto de libre designación y que, por lo tanto, igual que fue libremente nombrado puede ser libremente cesado.

Sin embargo, consideró “sorprendente” este cese porque se trata de un funcionario que desempeñaba un “magnífico trabajo” de servicio público. Al considerarle un “extraordinario jurista”, Catalá reconoció que no acaba de entender qué motivos puede haber para retirarle del puesto.

Al ser preguntado si interpreta este cese como una concesión del Gobierno al independentismo, respondió que “eso en todo caso tendrá que explicarlo la abogada general del Estado o la ministra (Dolores Delgado)” que han acordado su retirada.