Fuentes del Ministerio de Justicia indicaron que el puesto de abogado del Estado jefe de lo Penal es uno de los cargos de confianza del Cuerpo y como tal depende directamente de la abogada general, pero lo cierto es que el cese se produce tras un periodo en el que han predominado las diferencias por la calificación jurídica que se debía otorgar a los hechos que acaecieron el 1-O.