Así se pronunció este martes en el Senado el ministro del Interior, Fernando-Grande Marlaska, en respuesta a la pregunta de la senadora del Grupo Parlamentario Vasco Nerea Ahedo sobre los pasos que el Gobierno espera dar para llevar a cabo una distribución más equilibrada de los menores extranjeros no acompañados (mena) en el conjunto del Estado.

Marlaska admitió que se trata de un asunto “preocupante” que, “por razones obvias, también preocupa al Gobierno del reino alauita”, dado que, de los 12.000 menores extranjeros no acompañados registrados en España, alrededor de 8.000 son de nacionalidad marroquí.

Con todo, agregó que en su reparto “el principio que debe regir entre todas las autonomías es el de la solidaridad”, al tiempo que subrayó que, entre otras medidas, el Gobierno aprobó un real decreto que estableció una cantidad suplementaria de 40 millones de euros para ofrecer “realmente una respuesta al tema de los mena y su protección”.

“En el mismo se establecían criterios con el objeto de que las comunidades autónomas asumieran 'per se' y de oficio la posibilidad de tener menores, de respaldar una política de Estado como es la protección de los menores”, insistió, al tiempo que se mostró “totalmente de acuerdo con la necesidad de corresponsabilidad, que incumbe a todos” y advirtió de que el Ejecutivo está “buscando y estudiando otras alternativas” en torno a un tema frente al que no está “de brazos cruzados”.

Por su parte, Ahedo dijo no querer “entrar en la forma oscura o, como mínimo, poco transparente, del reparto” ni tampoco en que para el mismo se haya tenido en cuenta las llegadas desde este 2018, “como si este fenómeno hubiese surgido por generación espontánea el 1 de enero”.

“Tampoco en que la fórmula del decreto no se ajusta al marco de relaciones financieras entre Euskadi o Navarra con la Administración General del Estado previstas en concierto y convenio”, añadió.

Ahedo criticó las desigualdades existentes entre comunidades autónomas para afrontar la acogida de estos menores y la situación de “saturación” que aqueja a estos servicios en algunos territorios, algo que, a su juicio, “puede poner en riesgo la atención adecuada que se les debe dispensar”.

En este punto, abogó por un abordaje “integral y coordinado” ante un asunto “que no se reduce a un tema exclusivamente de dinero” porque la salvaguarda del interés superior del menor “atañe a todos” y afirmó echar “de menos un liderazgo activo” por parte del Ejecutivo.

DESBORDAMIENTO

En la misma línea, el senador del Grupo Popular, Juan José Imbroda, preguntó a la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno ante el “desbordamiento” de los centros de protección por la llegada masiva de menores extranjeros no acompañados, pregunta ante la cual Valerio confesó sentirse “sorprendida” dado el “profundo desinterés con el que el anterior Gobierno trató el problema”.

“Un problema que no es nuevo”. “Lo que es nuevo es que ahora hay un Gobierno que se preocupa por el asunto”, precisó, para, a continuación, defender que el Ejecutivo está cumpliendo “de forma escrupulosa” con sus responsabilidades” y que la correcta atención a estos menores “constituye una de sus líneas prioritarias de acción”.

Tras puntualizar que Ceuta y Melilla reciben un “plus de apoyo” como compensación para apoyar su actuación en relación a este asunto, afeó a Imbroda que insinuase que el Gobierno “se esté desentendiendo de sus obligaciones”. “O está mal informado, o no manifiesta un exceso de buena fe”, aseveró.

“El Gobierno está haciendo todo lo que puede hacer, que es crear un espacio de diálogo y ayudar a buscar soluciones, siempre a través de la cooperación entre las administraciones y apelando a la corresponsabilidad y la solidaridad interterritorial que sería importante poner en marcha”, prosiguió, exigiendo al PP “que deje de hacer demagogia en un tema tan delicado”.

Finalmente, Imbroda lamentó que Melilla haya recibido tan solo 1,3 millones de euros cuando, junto a Ceuta, es el territorio que está “soportando mayormente este problema con menos medios”. “No es el dato en sí, es el gesto, el agravio comparativo, como si fuese una guantada sin manos a las ciudades autónomas”, resolvió.