Así consta en una moción consecuencia de interpelación urgente del PP al Gobierno relativa a las medidas que adoptará el Ejecutivo ante el rápido incremento de los índices de pobreza en España.

En su iniciativa, el PP recuerda que, debido a la crisis económica, la tasa de pobreza relativa ha pasado del 19,6% en 2008 al 20,8% en 2010. “Tres de cada diez españoles llegan a fin de mes con mucha dificultad. El 7,7% de los hogares tiene retrasos en los pagos a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda principal”, añade el texto.

“Además, el 36,7% de los hogares afirma que no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos, con un aumento de 2,7 puntos respecto a 2009, según datos de la última Encuesta de condiciones de vida publicada por el INE”, apunta.

Explica el PP que, según datos de Cáritas, el perfil de los nuevos pobres es el de personas de entre 20 y 40 años que han tenido trabajos dignos y ahora se encuentran en situación de desempleo y no pueden afrontar el pago de sus facturas. “Muchas de estas personas pensaron que nunca tendrían que acudir a Cáritas y sin embargo lo han tenido que hacer”, añade.

Por estas razones, el PP quiere que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a restablecer la ayuda citada por hijo y a aprobar un nuevo Plan de Inclusión Social para el periodo 2011-2013 “que contenga objetivos reales y medidas eficaces para reducir la exclusión social y la pobreza” en España.

AYUNTAMIENTOS

También reclama que se apoye tanto a entidades sociales y ONG que ayuden y acojan a personas sin o con escasos recursos, como a los servicios sociales de los ayuntamientos, con el fin de que puedan atender a personas excluidas y en situación de pobreza.

El secretario general de Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, José Luis Ayllón, explicó que las personas en esta situación suelen acudir a sus ayuntamientos, que es lo más próximo que tienen, “no al despacho de Leire Pajín”, ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, y que los consistorios, por ayudar a estas personas, se ven obligados a asumir competencias que no les son propias.