Cifró en unas 3.000 mujeres víctimas de violencia de género que viven en diferentes localidades madrileñas las que serán beneficiarias de esta medida, según Rollán, quien manifestó que en la Comunidad de Madrid, la atención integral a las víctimas de violencia de género no sólo incluye a las mujeres que la están sufriendo, sino también a sus hijos que en muchos casos son menores expuestos a una dramática situación en el seno de sus hogares.

Por esta razón, añadió, desde el Gobierno regional se han adoptado una serie de medidas adaptadas a estos niños entre la que se encuentra destinar 6.000 euros de ayuda a todos los menores huérfanos de víctimas de violencia de género. Estas ayudas tendrán carácter retroactivo y serán compatibles con cualquier otra, independientemente de la Administración de la que procedan.

Asimismo, dijo que la Administración regional duplicará la cuantía económica de ayuda individual para las mujeres que precisan apoyo económico en el momento que abandonan los recursos residenciales, pasando de los 2.400 euros actuales a los 5.000 euros. También indicó que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a la autonomía y plena recuperación de las víctimas de violencia de género.

Rollán, que hizo este anuncio en la reunión del Observatorio Regional de Violencia de Género, presidida por él y en la que también estuvieron presentes las consejeras de Políticas Sociales y Familia, Lola Moreno, y de Justicia, Yolanda Ibarrola, afirmó que “muchas de las medidas del Pacto de Estado que con carácter particular afectan a las comunidades autónomas ya vienen implementadas en el marco de nuestras estrategias, tanto de violencia de género como de trata y vamos a seguir impulsando las que sean necesarias para erradicar la violencia de género con medidas contundentes”.

LUCHA CONTRA LA TRATA

Por otro lado, manifestó que Madrid es la única comunidad autónoma que cuenta con un programa específico de lucha contra la trata de seres humanos, la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual, puesta en marcha en 2016 y que cuenta con un presupuesto de más de siete millones de euros y que está configurada por cinco ejes, nueve objetivos y 46 medidas.

Rollán declaró que en el citado observatorio se ha trabajado para seguir avanzando en los objetivos clave de la lucha contra la trata, el refuerzo de la prevención y detección de la trata y la protección y asistencia a las víctimas, entre otras medidas.

En lo que va de año y, a través de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, el Gobierno regional ha atendido a 82 mujeres y un menor, víctimas de trata.

Además, en 2018, se han realizado casi 1.700 actuaciones enmarcadas en las 46 medidas establecidas en la estrategia, con la participación de más de 25 entidades públicas y privadas, destacando las actuaciones de identificación, protección y asistencia a víctimas de trata del que han sido beneficiarias directas casi 1.800 mujeres y menores.

Por otro, informó de que desde la Consejería de Justicia, y dentro de su ámbito de actuación y competencias, se garantiza el apoyo y asistencia a las víctimas de violencia de género desde el momento que interponen denuncia en comisaría y durante todo el proceso judicial.

Dijo que la Comunidad de Madrid ha sido pionera en la puesta en marcha, en 2017, de un Servicio de Representación Procesal que permite a las víctimas contar con los servicios de un procurador de forma gratuita desde el mismo momento en el que interponen denuncia, lo que permite agilizar el proceso judicial

Del mismo modo, las víctimas de violencia de género cuentan con un Servicio de Orientación Jurídica, gratuito y universal, con el que disponen de acceso a un abogado que les ofrece orientación en aquellas consultas jurídicas que se les pueden plantear.

La Comunidad de Madrid cuenta con una red de Oficinas de Asistencia a Víctimas de Delitos que ofrecen un servicio público y gratuito a las víctimas de cualquier delito violento, incluida violencia de género, con apoyo jurídico (información a las víctimas sobre sus derechos, medidas de protección, procedimientos para interponer denuncias, medios de prueba, etc.); psicológico (apoyo emocional a la víctima, preparación para afrontar el procedimiento judicial, y, llegado el caso, derivación a recursos psicológicos especializados); y social (asistencia y acompañamiento a juicios, coordinación con otras instituciones para las medidas de protección y apoyo).