Así lo anunció hoy la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, quien subrayó la importancia de la medida, dado que España cuenta con más de 8.000 ayuntamientos "y es muy importante normalizar" el acceso de los consistorios y las administraciones territoriales a los mercados financieros.

El ICO volverá a financiar proyectos de inversión que efectúen, en concreto, comunidades autónomas, entidades locales y organismos dependientes en sectores de especial interés como puede ser el tratamiento de aguas, la mejora de la eficiencia energética de edificios, planes de rehabilitación urbana y rural, vivienda social para alquiler o movilidad sostenible.

El Gobierno justifica la medida en la importancia de apoyar la introducción gradual a estas administraciones públicas en los mercados financieros. Celaá recordó que el ICO financia proyectos finalistas en coordinación y junto a otras entidades financieras, de forma que ayudará a impulsar la movilización de recursos al sector público desde el privado e instituciones financieras internacionales.

El ICO opera, de hecho, proporcionando financiación compartida junto a bancos tradiciales con recursos propios y vehiculando fondos procedentes de organismos internacionales.

El acuerdo alcanzado hoy por el Consejo de Ministros limita a 250 millones de euros, ampliables a 500 millones, la cuantía a financiar por el organismo. Esta decisión deja sin la restricción de financiación a administraciones territoriales que estaba en vigor desde 2012. Y es que la puesta en marcha de mecanismos extraordinarios de financiación durante la crisis produjo un incremento muy significativo del peso relativo de las administraciones en el balance del ICO.

El organismo actuó de agente de pagos del Fondo para el Pago de Proveedores y se le encomendó la gestión financiera del Fondo de Liquidez Autonómico. Según explica el Gobierno, la ausencia de saldos vivos de estas operaciones deja sin efecto dicha restricción.