Aunque el listado de testigos no es público, la mayor parte de ellos son guardias civiles o policías que formaron parte del dispositivo de seguridad desplazado a Cataluña para evitar le celebración del referéndum suspendido por el Tribunal Constitucional.

La Sala de Enjuiciamiento tendrá ahora que decidir si ese listado es excesivo y podrá tomar la decisión de aceptar la petición de la Fiscalía o reducir el número de testigos para evitar reiteración en los testimonios y favorecer la economía procesal aceptando sólo cierto número de testimonios que puedan ser los más relevantes de los propuestos.

El Supremo no ha dado aún traslado a las defensas de las conclusiones presentadas por la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la acusación particular ejercida por Vox en espera de tener a punto su decisión sobre el listado de testigos. Si la propuesta de las defensas es también prolija, probablemente procederá a su ordenación y recorte.

Algunos de los testigos propuestos por la Fiscalía son miembros de la Mesa del Parlament o letrados de la Cámara responsables de los informes sobre las reformas legales que dieron lugar al proceso de 'desconexión'. Además, se cita a asistentes a las reuniones de coordinación del dispositivo policial previo al 1-O y a la Junta de Seguridad del 28 de septiembre.

El Ministerio Público quiere que comparezca como testigo el responsable de la actuación de la Policía el día del referéndum y varios agentes participantes en varios “episodios de violencia” sucedidos el día 20 de septiembre frente a la Consellería de Economía. Además, cita a 62 agentes de Policía que resultaron lesionados a lo largo de la jornada del 1 de octubre. Y también llama a varias decenas de guardias civiles participante en el dispositivo de seguridad.

Pide la declaración de un testigo de la Consejería de Territorio de la Generalitat en relación a la negativa a dar autorización al atraque de un barco destinado a alojar a los efectivos policiales desplazados a Cataluña. Finalmente, la Fiscalía propone la declaración de la persona responsable del equipo de funcionarios estatales encargados de la supervisión, investigación y control de las cuentas de la Generalitat y del supuesto uso indebido de fondos público para la celebración del referéndum.