Además, este órgano recuerda que "como dispone el Estatuto de Información (art. 9.5)", los Servicios Informativos tienen la obligación de advertir claramente a los ciudadanos si utilizan “material audiovisual editado directamente por fuentes informativas ajenas”. Ese uso debe limitarse a acontecimientos en los que no hubiera otra posibilidad y teniendo en cuenta la trascendencia de la noticia.

También reclama, "una vez más, respeto a la independencia de los profesionales de la información y reitera su rechazo a cualquier intento de desvirtuar los principios de veracidad, objetividad e imparcialidad que deben presidir su trabajo" y exige que "la información electoral se elabore con criterios exclusivamente periodísticos, en función del interés de las noticias, y rechaza cualquier decisión de los partidos políticos que pueda limitar el derecho de los ciudadanos a recibir una información imparcial, neutral y plural".

Asimismo, el Consejo de Informativos está en desacuerdo "con el propósito de que la información sobre las

campañas electorales se ajuste proporcionalmente a los resultados obtenidos en los anteriores comicios equivalentes. No es el mero reparto de tiempos lo que garantiza el pluralismo, la neutralidad y la igualdad, sino los criterios profesionales. La propia Junta Electoral Central en pasadas decisiones ha reconocido que las encuestas, la opinión pública manifestada en fenómenos de movilización social y la que se refleja en los medios de comunicación, expresan una realidad social distinta a la que se constató en anteriores comicios".