El juez peruano salió de su país huyendio de la Justicia. En su periplo pasó por Ámsterdam (Países Bajos) y acabó pidiendo asilo en España. De la Mata le tomó declaración y decidió enviarle a prisión provisional y sin fianza.

El magistrado de la Audiencia entiende que la información "lacónica aunque contundente" que Perú ha aportado evidencia que "los hechos imputados reflejan que la persona reclamada sería el líder de una organización criminal destinada a la comisión de delitos de corrupción a funcionarios en el Poder Judicial peruano, así como a ocuparse de realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, en connivencia con otras instituciones del Estado, entre las que (Perú) cita nada menos que al Consejo Nacional de la Magistratura, Corte Superior de Justicia de Callao y Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Superior de la República. Estos delitos podrían alcanzar una pena máxima de 15 años de prisión". El juez explica que dichos delitos, además, tienen equivalentes en el Código Penal español

Hinostroza dijo que viajó a España para visitar a su hija, con domicilio en Madrid. Su argumento no convenció a De la Mata quien concluyó que el juez peruano tenía "pleno conocimiento de la existencia del proceso penal contra él en Perú y de la gravedad de las imputaciones".

Por ello, considera que su viaje a España no fue “casual” ni motivado por el deseo de ver a su hija, sino que “deliberadamente se sustrajo a la justicia peruana marchándose del país y negándose a regresar allá, lo que ha motivado la orden internacional de detención librada contra él por las autoridades judiciales peruanas".

El juez De la Mata argumenta que el simple hecho de presentar una solicitud de asilo no es causa para denegar la extradición y “menos aún para la suspensión temporal o cautelar del procedimiento extradicional”.

Hinostroza alega que la “inconsistencia” de la prueba en su contra y la “escasa gravedad” de los hechos que se le imputan, ante lo que el titular del juzgado número 3 de la Audiencia Nacional replica que valorar ese argumento sería entrar a valorar la inocencia o culpabilidad del reclamado, algo que no puede hacerse en un procedimiento de extradición.

También deshecha el argumento de que el juez está siendo objeto de una operación de acoso por motivos políticos y que está siendo sometido a la vulneración de sus derechos fundamentales, por entender que estas alegaciones no pueden ser genéricas sino basadas en hechos concretos que el reclamado no ha acreditado.