"No cabe demonizar al sector, atacar a todos los bancos y, en definitiva, negar la función que prestan canalizando los recursos hacia las familias y las empresas", defendió la ministra de Economía, en réplica a la pregunta de la diputada de Unidos Podemos Podemos, Lucía Martín, sobre el plan del Gobierno para "limitar el poder de la banca".

La ministra subrayó que se trata de un sector "sujeto a regulación", que debe cumplir ya la normas que le son de aplicación en materia prudencia, de comportamiento, supervisión nacional y comunitaria, y compromiso del Gobierno para "luchar contra los abusos y la normativa aplicable" cuando y donde se produzcan.

Por eso, refirió que ultima la autoridad de protección del cliente financiero y una autoridad macroprudencial para "prevenir la formación de burbujas" pero sin atacar en su globalidad al sector, apuntando su contribución al crecimiento de la economía.

"Por supuesto que en este país no gobiernan los fondos buitres o los bancos, gobierna entre otros esta Cámara", afirmó Calviño.

La diputada de Unidos Podemos había acusado a los grupos políticos de "poca valentia" y haber esperado al "escándalo del Supremo" para decidir imputar el impuesto de las hipotecas a las entidades "cuando fuera de los focos son incapaces de pararles los pies a los bancos", y les reprochó escuchar a los fondos buitres cuando amenazan "para evitar que se regulen las cláusulas abusivas de los alquileres".

Poco antes era la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que defendía con los mismos términos a la industria. Reconoció que hay "mucho que mejorar en el funcionamiento del Estado democrático, mucho mejorar en el funcionamiento de determinadas insituciones", pero defendió que "todas las instituciones son necesarias y las entidades son necesarias".

"Lo que no hay que hacer es demonizar y condenar sin más a todas las entidades financieras como si todas actuaran igual", demandó, precisando que lo que hay que hacer es "perseguir aquellas conductas abusivas y que no respeten la legalidad, o simplemente no desprecien al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Estado democrático". "Eso es lo que hay que condenar y en esa dirección seguiremos", concluyó.

Su respuesta era dirigida a la también diputada del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ione Belarra, que reclamó legislar y "atar en corto" a los bancos porque "no podemos confiar" en que no repercutan el impuesto de las hipotecas y demandó su devolución retroactiva a las familias que lo han soportado.

En su intervención, Belarra dijo que era "como si un ladrón le roba 3.000 euros y le dice que no se lo va a devolver pero que no pasa nada porque a partir de ahora no se los va a robar", y puso en entredicho la actuación de la banca por los desahucios durante la crisis, las cláusulas abusivas en algunas hipotecas o la no devolución de ayudas públicas.

La defensa al unísono del Gobierno llega después del desconcierto creado al legislar para que la banca pague el impuesto para evitar la inseguridad jurídica creada con las sentencias contradictorias del Tribunal Supremo sobre el tributo.

DEMANDA DE LA BANCA

Desde la banca se había criticado precisamente ser diana por continuos conflictos y en el caso particular de los impuestos denunció que era injusto porque las entidades estaban cumpliendo con la ley establecida en 1995, que cargaba su pago al que solicitaba el préstamo.

"En algún momento alguien nos tiene que ayudar y proteger a los bancos", llegó a reclamar la consejera delegada del Bankinter, María Dolores Dancausa, quien subrayó que la situación creada por el Supremo "nos perjudica a todos" porque genera preocupación e incertidumbre en el sector.

En este sentido Dancausa lamentó que "la banca tiene la batalla de las relaciones públicas perdida" y se carga contra la banca "como si obligásemos a los clientes a firmar hipotecas, lo hacen ellos con ilusión por adquirir su vivienda".

Otros primeros consejeros delegados del Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia defendieron que la industria a actuado conforme a la ley y el tributo ha ido a las arcas de las administraciones autonómicas, no de las entidades financieras.