Así se establece en el borrador de la futura Ley de cambio Climático y Transición Energética, normativa que el Ejecutivo pretende aprobar antes de que concluya 2018 y que incluye también medidas para las empresas cotizadas y el sector financiero.

Este informe, que tendrá una periodicidad bianual, deberá ser remitido por el órgano supervisor al Congreso de los Diputados. Además, las empresas cotizadas y las entidades de crédito supervisadas por el Banco de España deberán realizar un informe obligatorio de riesgo climático.

Este informe de riesgo climático ya ha sido adoptado en Francia y permite que las entidades tomen conciencia de su responsabilidad ante el cambio climático y de qué manera pueden redirigir sus flujos financieros hacia actividades que fomenten la descarbonización.

A este respecto, el Gobierno considera que trabajar en materia de clima no es solo una cuestión ambiental y que es esencialmente una cuestión económica, social o industrial.

Además, defiende que este tipo de informes permiten aprender a identificar y a anticipar situaciones arriesgadas para la economía española y sus empresas que afectan de forma directa al coste de financiación.