Así lo manifestaron estas organizaciones en un comunicado en el que apuntan que el Tribunal de Cuentas ha confirmado, a través de la sentencia, que ambas entidades “tenían argumentos no solo para presentar la denuncia, sino para pedir el reintegro de los gastos de la convocatoria del 9N a quienes lo convocaron ilegalmente”.

En este sentido, Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución indicaron que Artur Mas y los exconsejeros actuaron de forma “totalmente irresponsable, al vulnerar no sólo el marco legal, sino pretender que el gasto generado lo tuvieran que soportar todos los ciudadanos en detrimento de los servicios públicos”. Además, las dos entidades advirtieron que si el actual Gobierno de la Generalitat “decide conculcar los derechos de los catalanes y actuar al margen de la ley, volverán a realizar todas las acciones legales que correspondan”.

Asimismo, apuntaron que la decisión que tomaron “no fue motivada por discrepancias políticas, sino por la vulneración de la legalidad”. Esta sentencia “debe servir para que los políticos secesionistas recuerden que deben dar ejemplo de civismo y de respeto al Estatut de Catalunya, la Constitución y todo el marco legal a todos los ciudadanos”, concluyeron.